Los talibanes continúan consolidando un sistema que despoja a las niñas y mujeres afganas de su autonomía mediante leyes y prácticas que favorecen los matrimonios forzados en Afganistán. En los últimos meses, dos casos ocurridos en las provincias de Takhar y Badghis han provocado indignación dentro y fuera de Afganistán al exhibir cómo menores fueron obligadas a casarse con hombres varias décadas mayores bajo un contexto de impunidad, discriminación institucional y ausencia absoluta de protección jurídica internacional. La difusión de videos de una de las ceremonias y el asesinato de una menor pocos días después de su boda han reavivado las denuncias sobre la violencia sistemática ejercida contra las niñas y mujeres afganas bajo el régimen talibán.
Los videos e imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales durante este año, muestran a una joven con expresión visiblemente angustiada mientras permanece junto a un hombre mucho mayor durante la celebración de su matrimonio. Aunque la fecha exacta del video no ha podido verificarse de manera independiente, activistas afganos y periodistas lo han utilizado para denunciar una realidad ampliamente documentada: la persistencia de matrimonios forzados y violación de niñas desde el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021.
El caso coincide con la reciente aprobación del Decreto n.º 18, firmado por el líder supremo del régimen, Hibatullah Akhundzada, el pasado 14 de mayo, una normativa que elimina la edad mínima para contraer matrimonio, interpreta el silencio de las menores como consentimiento y restringe prácticamente cualquier posibilidad de divorcio para las víctimas de violencia.
Una adolescencia robada entre prohibiciones y matrimonios forzados en Afganistán
En la provincia de Takhar, un influyente dirigente local identificado como Haji Qurban, de más de 60 años, contrajo matrimonio por tercera ocasión, esta vez con una menor cuya edad los medios locales se sitúan entre los 13 y 14 años. Como millones de niñas afganas, fue expulsada del sistema educativo tras concluir el sexto grado debido a las prohibiciones impuestas por el régimen talibán. Sin acceso a la educación secundaria, sin independencia económica y confinada en su hogar, fue vendida por su familia a un hombre mucho mayor que ella, un agresor que aprovechó su situación.
Aunque el matrimonio forzado en niñas y mujeres existía en Afganistán antes del regreso talibán, organizaciones internacionales habían impulsado durante años reformas legales destinadas a limitar estas prácticas. El Código Civil de 1977 fijaba una edad mínima para contraer matrimonio y, posteriormente, la Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2009 penalizó el matrimonio de menores de 15 años. Gran parte de esos avances ha sido desmantelada por el actual régimen.
«Cuando se les niega la educación, la independencia económica y la identidad jurídica, las mujeres dejan de ser consideradas personas para convertirse en objetos que otros deciden cómo utilizar.»
— Lina Rozbeh, periodista y defensora de los derechos de las mujeres afganas.
La periodista Lina Rozbeh, quien compartió el video viral de la boda ocurrida presuntamente en Takhar, sostiene que estas prácticas no pueden analizarse únicamente como costumbres tradicionales, sino como consecuencia directa de un sistema político que institucionaliza la subordinación femenina.
La tragedia alcanzó un nivel aún más devastador en la provincia de Badghis.
Nazgol, una adolescente de 14 años, fue obligada por su familia a casarse con un hombre de 63 años vinculado a las autoridades talibanes. Apenas unos días después de la boda, la menor murió estrangulada por su agresor luego de que se difundiera un video suyo en redes sociales.
El caso generó una fuerte reacción entre activistas afganos, organizaciones defensoras de los derechos humanos y periodistas que denuncian el incremento de la violencia contra niñas bajo el régimen.
Más allá del impacto del crimen, el asesinato refleja un patrón ampliamente documentado: niñas privadas de educación, sometidas al control de tutores masculinos y entregadas en matrimonios donde el consentimiento resulta imposible de verificar debido al contexto de coerción familiar, económica y social.
El Decreto n.º 18 convierte la violencia sexual a niñas en política de Estado
El aspecto más alarmante de la situación actual radica en que el régimen talibán ya no solo tolera estas prácticas: ahora las incorpora dentro de su estructura jurídica.
El Decreto n.º 18 elimina la edad mínima fija para el matrimonio y vincula la capacidad matrimonial con la llegada de la pubertad, la cual ellos interpretan con la llegada de la menstruación. Bajo la interpretación jurídica aplicada por las autoridades talibanas, una niña puede ser considerada apta para casarse desde los nueve años o incluso antes, dependiendo de los signos físicos que determine la autoridad religiosa local.
La norma también establece que el silencio de una menor puede interpretarse como consentimiento para contraer matrimonio. En la práctica, esta disposición transforma el miedo, la presión familiar o la incapacidad de una niña para expresar oposición en una aceptación legal. No exige un consentimiento libre, informado ni verificable por una autoridad independiente.
El decreto además fortalece el poder absoluto de los tutores varones. Padres y abuelos pueden concertar matrimonios sin que la voluntad de la menor tenga un peso efectivo dentro del procedimiento. Paralelamente, la madre queda prácticamente excluida de cualquier capacidad de decisión.
El sistema tampoco ofrece mecanismos reales para escapar de la violencia. Aunque menciona la posibilidad de solicitar el divorcio, este depende prácticamente del consentimiento del esposo o de procedimientos judiciales controlados por las mismas autoridades religiosas que respaldan el modelo de tutela masculina. La violencia física, los malos tratos o los golpes no constituyen automáticamente motivos suficientes para conceder la separación.
Las consecuencias trascienden el ámbito jurídico. Diversos organismos internacionales han advertido durante años que el matrimonio infantil incrementa los riesgos de mortalidad materna, embarazos precoces, abandono educativo, trastornos psicológicos y violencia doméstica. En Afganistán, estas amenazas se agravan porque el régimen también restringe la formación de futuras médicas y limita el acceso de las mujeres a servicios de salud adecuados, creando un círculo de vulnerabilidad prácticamente imposible de romper.
Un sistema construido para negar el futuro de las niñas
Los casos de Takhar y Badghis no representan hechos aislados. Constituyen el reflejo de un modelo político donde la exclusión educativa, el control patriarcal y la legislación religiosa funcionan como piezas de un mismo mecanismo destinado a restringir la libertad de las mujeres desde la infancia.
Mientras el régimen talibán presenta estas normas como asuntos internos o interpretaciones religiosas, las consecuencias recaen sobre niñas que pierden el derecho a estudiar, decidir sobre su propio cuerpo y construir un proyecto de vida independiente. La normalización de estas prácticas mediante decretos oficiales no solo vulnera derechos fundamentales reconocidos internacionalmente, sino que institucionaliza la desigualdad como política pública.
La comunidad internacional ha respondido principalmente mediante comunicados de preocupación y condenas diplomáticas. Sin embargo, para millones de niñas afganas, esas declaraciones aún no se traducen en mecanismos efectivos de protección.
En Mujer Azadi e Historiente creemos que las vidas de las mujeres afganas importan y que sus historias merecen ser escuchadas.
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