Mujeres afganas expresan su cansancio ante las condenas diplomáticas que no se traducen en acciones concretas y reclaman participar en las decisiones que afectan sus vidas.
El pasado 19 de octubre, la Unión Europea (UE) volvió a condenar la persecución de las mujeres afganas por parte del régimen talibán durante la 225.ª sesión de la Junta Ejecutiva de la UNESCO. En su declaración destacó el apoyo brindado a organizaciones civiles, activistas y periodistas afganas, esfuerzos que merecen ser reconocidos. Sin embargo, después de cinco años de restricciones sistemáticas, la reiteración de estas condenas obliga a cuestionar hasta qué punto la defensa de los derechos de las mujeres afganas constituye una prioridad efectiva para las instituciones europeas, especialmente cuando sus decisiones migratorias parecen responder a intereses distintos de los compromisos que proclaman.
Cuatro meses antes, el 23 de junio, representantes de la Comisión Europea y de 15 Estados miembros se reunieron a puerta cerrada en Bruselas con una delegación talibana para discutir el retorno de personas afganas, sin que se haya acreditado la participación de organizaciones de mujeres afganas. La contradicción resulta indignante, pues mientras la Unión Europea condena públicamente la persecución de mujeres y niñas, negocia con sus responsables cuando están en juego sus intereses migratorios.
Resulta profundamente cuestionable que el apartheid de género ocupe un lugar secundario en la agenda conocida de estas conversaciones y que se priorice el control migratorio sobre los derechos humanos, mientras las mujeres afganas permanecen excluidas de decisiones que afectan directamente su seguridad, su libertad y su futuro.
Esta contradicción adquiere mayor relevancia frente al cansancio expresado por mujeres afganas que llevan años denunciando la falta de respuestas internacionales. Sadia Tayeb Sadat, una estudiante de 19 años que vive en Kabul, expresó en una entrevista publicada por The New Humanitarian en agosto de 2026 que muchas mujeres afganas se sienten olvidadas. Según relató, sus dificultades continúan mientras disminuye la atención internacional. Su testimonio permite cuestionar una respuesta diplomática que reconoce el sufrimiento de las mujeres, pero que no siempre se traduce en cambios para sus vidas.
El problema no es solamente la distancia entre las condenas y las acciones, sino que las mujeres continúen siendo objeto de decisiones políticas sin ocupar un lugar equivalente en los espacios donde estas se toman.
La Unión Europea vuelve a condenar lo que los talibanes llevan cinco años imponiendo
En su declaración ante la UNESCO, la Unión Europea denunció las restricciones a la educación, el empleo, la libertad de circulación y la participación pública de las mujeres afganas, y exigió la derogación de las políticas discriminatorias. El comunicado recordó que Afganistán continúa siendo el único país donde las niñas tienen prohibido acceder a la educación pública después del sexto grado, una medida que afecta a más de 2,2 millones de niñas. Esta prohibición forma parte de un sistema de exclusión que limita la autonomía de las mujeres y condiciona los espacios que pueden ocupar en la sociedad.
Pese a reconocer la gravedad de estas restricciones, el pronunciamiento europeo no anunció nuevas medidas específicas de presión ni mecanismos para evaluar el cumplimiento de sus exigencias. En cambio, destacó los proyectos impulsados junto con la UNESCO, entre ellos una alianza de 4,7 millones de euros iniciada en 2025 para promover la alfabetización, el desarrollo de capacidades comunitarias y el empoderamiento económico de las mujeres afganas. Aunque estas iniciativas permiten sostener oportunidades educativas en condiciones adversas, también plantean una tensión sobre el alcance de la respuesta internacional frente a políticas que continúan excluyendo a millones de niñas de las escuelas.
La propia Unión Europea reconoció que las vías alternativas de aprendizaje, aunque indispensables en las circunstancias actuales, no pueden sustituir una educación formal, inclusiva y de calidad. Esta afirmación establece un límite que las políticas internacionales no deberían perder de vista. El problema no es la existencia de programas educativos alternativos, sino que estos terminen convirtiéndose en una respuesta permanente frente a derechos que deberían estar garantizados.
Las niñas afganas no necesitan que la comunidad internacional aprenda a gestionar indefinidamente su expulsión de las escuelas, sino que su derecho a estudiar sea restituido. De lo contrario, existe el riesgo de que la asistencia internacional termine administrando las consecuencias de la exclusión sin modificar las condiciones políticas que la producen, normalizando el apartheid de género en Afganistán.
Las mujeres afganas son reconocidas como víctimas, pero excluidas como sujetas políticas
Las mujeres afganas llevan cinco años resistiendo las políticas impuestas por el régimen talibán mediante protestas, redes educativas clandestinas, proyectos periodísticos y acciones de denuncia. Su resistencia demuestra que no son víctimas pasivas a la espera de la intervención internacional, sino actoras políticas que continúan disputando los espacios de los que han sido expulsadas. Sin embargo, mientras sus testimonios ocupan un lugar importante en las declaraciones de organismos internacionales, su participación en las decisiones que afectan su futuro sigue siendo limitada. Reconocer su sufrimiento no equivale a reconocer su autoridad para intervenir en las decisiones políticas.
La reunión celebrada en Bruselas permite observar esta desigualdad. Fereshta Abbasi, investigadora afgana de Human Rights Watch, advirtió que cualquier acercamiento a los talibanes debía priorizar los derechos humanos y la rendición de cuentas, en lugar de facilitar deportaciones hacia situaciones de peligro. La periodista afgana Lina Rozbih también cuestionó públicamente la invitación europea. En una publicación en X, dirigida a las instituciones de la Unión Europea, preguntó
«¿Qué valores comunes, estándares o similitudes existen entre los funcionarios del mundo libre y los talibanes?».
Rozbih cuestionó además que la UE tratara a las autoridades talibanas como interlocutoras legítimas en asuntos migratorios. Exhibiendo la incoherencia entre los principios que la UE afirma defender y las relaciones políticas que está dispuesta a establecer. Aunque mantener contactos diplomáticos no implica necesariamente reconocer formalmente al régimen talibán, la preocupación expresada por la periodista apunta a las consecuencias políticas de negociar con autoridades responsables de la persecución de las mujeres, especialmente cuando las propias afectadas permanecen fuera de esas conversaciones.
Esta preocupación también aparece en el testimonio de Meena Maryam Ahmadi, una joven afgana de 16 años refugiada en Francia. En una entrevista publicada por The New Humanitarian en agosto de 2026, pidió a los responsables políticos europeos que recordaran que las mujeres afganas no son únicamente un asunto político, sino personas con sueños y futuro, cuyos derechos y voces no deben quedar fuera de las negociaciones con los talibanes. Su declaración muestra que la demanda no se limita a recibir protección internacional, sino que también exige participación, y sobre el terrible avance de la normalización y deshumanización de las mujeres afganas.
UE defiende la libertad de prensa, mientras las periodistas afganas enfrentan obstáculos para encontrar refugio
En su pronunciamiento ante la UNESCO, la Unión Europea reafirmó su compromiso con los medios independientes, las organizaciones civiles y las personas defensoras de derechos humanos en Afganistán. Sin embargo, este respaldo contrasta con las restricciones de visados, las prohibiciones de entrada y las dificultades que enfrentan numerosas periodistas afganas que han pedido asilo debido a las amenazas, la censura y las restricciones impuestas por los talibanes. Muchas continúan documentando violaciones de derechos humanos desde dentro del país, aun cuando su propia seguridad permanece en riesgo. Su trabajo resulta fundamental para hacer visible una violencia que busca expulsar a las mujeres también de la producción y circulación de información.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado los obstáculos que enfrentan periodistas en Afganistán para obtener visados humanitarios y acceder a mecanismos de protección internacional. En agosto de 2025, la organización informó que 13 periodistas afganas y afganos a quienes brindaba apoyo habían sido deportados desde Pakistán hacia Afganistán desde comienzos de ese año, mientras sus solicitudes de visado para terceros países permanecían pendientes, como en el caso de la UE. También documentó un aumento de las negativas de visados ingleses (aunque no son parte de la UE) Y franceses para profesionales refugiados en Pakistán.
La situación plantea una contradicción entre el reconocimiento internacional de la libertad de expresión y las condiciones materiales necesarias para ejercerla. Las periodistas afganas desafían mediante su trabajo un orden político que pretende silenciarlas. Por ello, financiar proyectos de alfabetización mediática o promover declaraciones sobre libertad de prensa resulta insuficiente si no se acompaña de mecanismos accesibles de protección. Defender el derecho de las mujeres a tener voz también implica garantizar que aquellas que lo ejercen puedan encontrar refugio y continuar informando sin quedar expuestas a nuevas formas de persecución. La protección de las periodistas no puede quedar separada de las decisiones migratorias que pueden determinar su seguridad.
El derecho europeo reconoce la persecución de las mujeres afganas, pero las negociaciones migratorias siguen poniendo en riesgo su protección
El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que las medidas discriminatorias impuestas por los talibanes contra las mujeres, consideradas conjuntamente, constituyen actos de persecución que pueden justificar el reconocimiento de protección internacional. La sentencia determinó que, al examinar solicitudes de asilo de mujeres afganas, las autoridades nacionales pueden considerar su sexo y nacionalidad sin exigir necesariamente pruebas adicionales de amenazas individuales específicas. Este reconocimiento resulta fundamental porque permite comprender la persecución no como una suma de agresiones aisladas, sino como un sistema de restricciones institucionales que priva a las mujeres de derechos fundamentales.
Sin embargo, reconocer jurídicamente esa violencia no garantiza por sí mismo que quienes la padecen puedan acceder a territorio europeo y solicitar protección.
Esta distancia entre el reconocimiento jurídico y las decisiones políticas se hace evidente en las conversaciones europeas sobre retornos a Afganistán. El 22 de junio de 2026, un día antes de la reunión de Bruselas, Amnistía Internacional pidió suspender las negociaciones de readmisión con las autoridades talibanas y advirtió sobre los riesgos de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y represalias que podrían enfrentar las personas deportadas. Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, cuestionó esta cooperación migratoria al afirmar.
«Toda implicación de la UE en deportaciones a Afganistán es irresponsable y peligrosa, y pasa por alto las obligaciones jurídicas de la propia UE».
La advertencia adquiere especial relevancia frente al principio de no devolución, que impide enviar a personas a lugares donde puedan enfrentar persecución, tortura u otros daños graves. Las negociaciones sobre retornos deben examinarse a la luz de estas obligaciones, independientemente de los intereses migratorios que las motiven.
Después de cinco años de restricciones y condenas internacionales, las declaraciones de las mujeres afganas reflejan una indignación acumulada ante una respuesta internacional cuyos resultados consideran insuficientes. Los programas educativos, el apoyo al periodismo independiente y las declaraciones diplomáticas son necesarios, pero no pueden sustituir las obligaciones de protección ni la participación política de las propias mujeres. La pregunta ya no es cuántas veces más condenará la Unión Europea su persecución, sino qué medidas concretas adoptará y qué lugar les reconocerá en sus decisiones.
La indignación de las mujeres afganas es comprensible cuando las condenas se repiten sin traducirse en acciones políticas contundentes y pareciera que utilizan el tema de las mujeres afganas solo para los discursos, mientras el apartheid de género queda relegado a un segundo plano en las negociaciones y decisiones internacionales. Para muchas mujeres afganas, resulta agotador ver cómo hablan de sus derechos en sus comunicados diplomáticos, pero siguen siendo secundarios en las prioridades políticas. Es comprensible que sientan que su situación se utiliza solo para proyectar una imagen de compromiso con los derechos humanos, mientras sus demandas siguen siendo ignoradas en las decisiones políticas que realmente importan.
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