Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladesh condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad, enfrentaría la ejecución de su sentencia si regresa al país, según advirtió este martes 10 de noviembre de 2026 el fiscal jefe del Tribunal de Crímenes Internacionales (ICT), Md Aminul Islam. El funcionario aseguró que la exmandataria perdió su derecho a apelar después de que expirara el plazo legal de 30 días, tras el fallo emitido en su ausencia en noviembre de 2025.
La advertencia ocurre después de que sus representantes legales solicitaran un nuevo pasaporte y un documento nacional de identidad para facilitar su regreso en diciembre, más de dos años después de que huyera a India durante el levantamiento popular que terminó con sus 15 años consecutivos en el poder.
Sheikh Hasina enfrentaría la ejecución de su condena a muerte
Durante una conferencia de prensa en Dhaka, el fiscal Md Aminul Islam aseguró que Sheikh Hasina agotó el plazo establecido para impugnar la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2025. Según explicó, la exmandataria tuvo la oportunidad de presentarse ante el tribunal durante el juicio o interponer un recurso dentro de los 30 días posteriores a la publicación del fallo.
«Sheikh Hasina no tiene otra opción que afrontar la ejecución de la sentencia», declaró Md Aminul Islam.
El funcionario también rechazó la solicitud de un nuevo pasaporte, al sostener que las disposiciones legales de Bangladesh impiden expedir documentos de viaje a determinadas personas condenadas. Además, recomendó que, si realmente pretende regresar, Hasina solicite a las autoridades indias que faciliten su entrega mediante el tratado de extradición entre ambos países.
Aunque la Fiscalía considera que la condena debe ejecutarse, sus declaraciones no constituyen una nueva resolución judicial ni significan que la ejecución pueda realizarse automáticamente. Sheikh Hasina permanece en India desde agosto de 2024, mientras las autoridades bangladesíes buscan su extradición.
La represión de las protestas que provocó su derrocamiento
La condena contra Sheikh Hasina está relacionada con la represión de las movilizaciones estudiantiles de julio y agosto de 2024, que comenzaron como protestas contra el sistema de cuotas para empleos públicos y posteriormente se transformaron en un movimiento nacional contra su gobierno.
Según una investigación publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en febrero de 2025, más de 1,400 personas pudieron morir durante las protestas, entre ellas mujeres, niñas y niños. El informe documentó asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y ataques contra manifestantes, cometidos por fuerzas de seguridad y sectores vinculados a la Liga Awami, el partido político de Hasina.
Durante las movilizaciones, las autoridades emplearon munición real, helicópteros y otros recursos militares para reprimir las protestas. El 5 de agosto de 2024, después de semanas de enfrentamientos y movilizaciones multitudinarias, Sheikh Hasina abandonó Bangladesh en una aeronave militar con destino a India, mientras miles de manifestantes ingresaban a su residencia oficial en Daca.
Una condena por crímenes de lesa humanidad cuestionada por organizaciones de derechos humanos
El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh condenó a muerte a Sheikh Hasina y al exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal por su responsabilidad en la represión de 2024. Hasina fue acusada de ser responsable de ordenar a todas las fuerzas de seguridad utilizar la fuerza letal contra manifestantes junto a Kamal, fueron juzgados en ausencia, mientras que el exjefe de la Policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun recibió una condena de cinco años de prisión tras colaborar con la Fiscalía.
Aunque las investigaciones de Naciones Unidas documentaron graves violaciones de derechos humanos durante su administración, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han cuestionado las garantías procesales del juicio y la imposición de la pena capital. Ambas organizaciones han insistido en que las víctimas y sus familias tienen derecho a obtener justicia mediante procedimientos independientes que respeten las normas internacionales.
Por su parte, Sheikh Hasina ha rechazado las acusaciones y cuestionado la legitimidad del tribunal. Su posible regreso también plantea un desafío diplomático para India y Bangladesh, debido a que las autoridades indias todavía no han efectuado su extradición.
La exigencia de justicia por los asesinatos, las desapariciones y las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Sheikh Hasina continúa vigente. Organizaciones de derechos humanos han exigido justicia por la represión, también han cuestionado las garantías del juicio y la imposición de la pena de muerte.
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