La Corte Internacional de Justicia responsabilizó al Estado de Myanmar por las masacres, la violencia sexual y las medidas destinadas a impedir los nacimientos de la minoría rohinyá (rohingyas). El fallo histórico ordena reparaciones, investigaciones y el retorno seguro de la población desplazada.
El genocidio contra los rohinyás (rohingyas) fue cometido por las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado de Myanmar durante las operaciones militares de 2017 en el norte de Rakáin, según determinó este jueves 19 de noviembre de 2026 la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos. Por nueve votos a favor y seis en contra, el máximo tribunal de las Naciones Unidas declaró al país responsable de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948, tras resolver la demanda presentada por Gambia en noviembre de 2019.
La sentencia constituye un precedente en el derecho internacional, pues es la primera ocasión en que la CIJ atribuye directamente a un Estado la comisión de genocidio. El tribunal concluyó que las autoridades de Myanmar perpetraron asesinatos, provocaron graves daños físicos y psicológicos e impusieron medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de la comunidad rohinyá, una minoría étnica de mayoría musulmana que ha sufrido décadas de persecución, discriminación y exclusión política. También determinó que el Estado incumplió sus obligaciones de prevenir y castigar estos crímenes.
El genocidio contra los rohinyás y las pruebas de su exterminio
Las investigaciones examinadas por la Corte documentaron que aproximadamente 10.000 personas rohinyás fueron asesinadas durante las operaciones militares de 2017, mientras que unas 700.000 huyeron hacia Bangladés para escapar de los ataques. Los testimonios de supervivientes y los informes de organismos internacionales acreditaron ejecuciones de civiles, ataques contra menores, violaciones sexuales y la destrucción sistemática de comunidades. Cerca de 400 aldeas resultaron parcial o totalmente destruidas, una devastación acompañada por la ocupación de terrenos y la construcción de instalaciones militares.
El genocidio contra los rohinyás quedó jurídicamente acreditado a partir de los apartados a), b) y d) del artículo II de la Convención, que prohíben matar a integrantes de un grupo protegido, causarles lesiones físicas o mentales graves e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos. El tribunal también consideró demostrada la intención de destruir una parte sustancial de esta población, requisito indispensable para establecer la existencia de genocidio. Aunque Myanmar sostuvo que sus operaciones respondían a amenazas insurgentes, los jueces concluyeron que esa explicación no justificaba el conjunto de las atrocidades documentadas.
La persecución, sin embargo, precedía a las masacres. Desde la aprobación de la Ley de Ciudadanía de 1982, la comunidad rohinyá ha enfrentado restricciones que privaron a gran parte de sus integrantes del reconocimiento de su nacionalidad y del ejercicio de derechos fundamentales. Estas políticas, junto con la propaganda discriminatoria y las anteriores intervenciones militares, formaron parte de los elementos que la CIJ examinó para determinar la intención genocida. La violencia de 2017 tampoco puede separarse de una estructura estatal que durante décadas convirtió la pertenencia étnica y religiosa en motivo de exclusión.
Mujeres rohinyás, violencia sexual y control reproductivo
Las mujeres y niñas rohinyás estuvieron expuestas a formas específicas de violencia durante las operaciones militares. Según las investigaciones internacionales examinadas por la Corte, las fuerzas de Myanmar perpetraron violaciones colectivas, agresiones sexuales y ataques contra mujeres en edad reproductiva. La sentencia consideró que esta violencia constituyó uno de los elementos centrales para demostrar la intención de destruir a la comunidad, pues las agresiones provocaron daños físicos y psicológicos graves y afectaron su capacidad de sostener la vida familiar y comunitaria.
El genocidio contra los rohinyás también comprendió restricciones a los matrimonios y nacimientos, además de obstáculos al registro legal de niñas y niños. La CIJ examinó estas medidas junto con la documentación de 1.834 actos de violación sexual durante las operaciones de 2017 y concluyó que existió una intención de impedir la reproducción normal del grupo. El reconocimiento jurídico de estos hechos resulta especialmente significativo, pues identifica la violencia sexual y reproductiva como parte de los mecanismos utilizados para destruir a una población, en lugar de considerarla una consecuencia secundaria de la guerra.
Entre las supervivientes se encuentra Rahama Khatun, de 43 años, cuyo esposo, Shaker Ahmed, fue asesinado junto con otros hombres rohinyás en la localidad de Inn Din en septiembre de 2017. Entonces tenía siete meses de embarazo y huyó con sus ocho hijos hacia Bangladés. Al conocer la sentencia desde el campamento de refugiados donde permanece, declaró a la agencia Reuters:
«Mi corazón se llena de alegría al saber que por fin se está haciendo justicia».
Su testimonio refleja la importancia del reconocimiento judicial para quienes han exigido justicia durante casi una década. Sin embargo, las mujeres rohinyás también reclaman recuperar su ciudadanía, regresar a sus comunidades y participar en las decisiones sobre su futuro, derechos que no pueden quedar subordinados exclusivamente a su condición de supervivientes.
Myanmar deberá reparar a las víctimas y garantizar su retorno
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia obliga a Myanmar a investigar a las personas sospechosas de haber participado en los crímenes y, cuando corresponda, procesarlas y sancionarlas. También exige adoptar legislación para cumplir la Convención sobre el Genocidio, ofrecer garantías de no repetición y establecer reparaciones para la población afectada. Estas incluyen la restitución de propiedades, la búsqueda de personas desaparecidas, la rehabilitación física y psicológica y medidas de protección contra nuevas persecuciones.
Asimismo, el tribunal ordenó facilitar el regreso seguro, voluntario y digno de las familias desplazadas y garantizar su reunificación. La cantidad y las modalidades de las indemnizaciones se determinarán en una fase posterior del procedimiento, para la cual Myanmar deberá presentar un informe dentro de los dos años siguientes al fallo. Aunque la sentencia es definitiva, obligatoria para las partes y no admite apelación, su cumplimiento dependerá de que las autoridades adopten medidas efectivas y de la capacidad de la comunidad internacional para exigirlas.
El genocidio contra los rohinyás provocó un desplazamiento cuya dimensión humanitaria persiste. Actualmente, más de un millón de personas refugiadas viven en Bangladés, mientras el conflicto armado en Myanmar dificulta las condiciones para regresar. Desde el golpe militar de 2021, los enfrentamientos entre el ejército y distintos grupos armados han agravado la inseguridad, particularmente en Rakáin. Para las familias que perdieron sus aldeas y propiedades, una repatriación sin garantías de ciudadanía, protección y libertad supondría el riesgo de regresar a las mismas condiciones de persecución que las obligaron a abandonar sus hogares.
Una sentencia histórica con implicaciones para Gaza y otros genocidios
La decisión establece una diferencia fundamental respecto de anteriores procedimientos ante la CIJ. En 2007, durante el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, el tribunal determinó que Serbia había incumplido su obligación de prevenir el genocidio de Srebrenica y castigar a sus responsables, pero no la consideró autora directa del crimen. Posteriormente, en 2015, desestimó las acusaciones cruzadas de Croacia y Serbia porque no encontró demostrada la intención genocida exigida por la Convención.
El genocidio contra los rohinyás representa ahora un precedente para establecer la responsabilidad de los Estados cuando las pruebas acreditan una intención específica de destruir, total o parcialmente, a una comunidad protegida. También reafirma la posibilidad de que un país acuda a la justicia internacional para denunciar violaciones de la Convención, aunque no haya sufrido directamente sus consecuencias. Gambia, una nación de África occidental, inició el procedimiento en 2019 con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica y consiguió que el tribunal examinara la responsabilidad de Myanmar por crímenes cometidos a miles de kilómetros de su territorio.
El fallo podría influir en la interpretación jurídica de otros procedimientos, particularmente la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en diciembre de 2023 por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio en Gaza. Aunque organizaciones de derechos humanos y mecanismos de investigación de Naciones Unidas han documentado conductas que consideran genocidas contra la población palestina, la CIJ todavía no ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo de ese caso. La resolución contra Myanmar no determina de antemano el resultado del litigio sobre Gaza, pero ofrece criterios relevantes sobre la valoración de la intención genocida, el uso de la violencia sexual, los ataques sistemáticos y las obligaciones estatales de prevención.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró la decisión como un reconocimiento a las víctimas rohinyás y afirmó que la impunidad por atrocidades de esta gravedad no debe prevalecer. La declaración judicial adquiere especial relevancia cuando numerosos pueblos continúan reclamando protección frente a la violencia masiva, el desplazamiento forzado y la discriminación institucional.
La sentencia representa una conquista jurídica para la comunidad rohinyá, pero su valor histórico dependerá también de las transformaciones que produzca. Las mujeres que sobrevivieron a las agresiones, las familias que perdieron sus hogares y las personas que continúan sin ciudadanía necesitan garantías concretas de reparación, protección y participación en las decisiones que afectan sus vidas. Reconocer un genocidio después de nueve años constituye un avance, aunque también obliga a cuestionar la respuesta internacional frente a las primeras denuncias de persecución.
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