El divorcio bajo el régimen talibán se ha convertido en una batalla por la autonomía de las mujeres afganas, como muestra el caso de una joven afgana de apenas 18 años que acudió ante un gobernador talibán para intentar separarse de su esposo, a quien acusa de haberla maltratado durante meses. El caso, documentado durante un inusual acceso a las autoridades del régimen, evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres que buscan poner fin a un matrimonio marcado por la violencia, las exigencias económicas y un sistema que limita su capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida.
Una joven de 18 años frente a la autoridad talibán
La joven, identificada con un nombre ficticio y voz redoblada para protegerla, explicó que había convivido ocho meses con su esposo y describió esa experiencia como vivir en el infierno. Ante la posibilidad de regresar con él, dejó claro que no quería continuar en ese matrimonio. Sin embargo, el gobernador Abdullah Sarhadi no centró su intervención en la violencia que ella denunciaba, sino que intentó persuadirla para que permaneciera junto a su esposo.
Sarhadi apeló al estigma que puede enfrentar una mujer divorciada y cuestionó sus posibilidades de volver a casarse. Le planteó que tendría que ceder y conservar el matrimonio para proteger su dignidad y su honor. La joven respondió que precisamente su dignidad ya había sido destruida por el hombre con quien estaba casada.
El episodio revela una lógica profundamente patriarcal: la decisión de una mujer sobre su propia vida es presentada como algo que debe ser negociado con una autoridad masculina. Incluso después de que ella expresara que no quería regresar con su esposo e incluso que prefiere ser ejecutada, la propuesta del gobernador fue que volviera al matrimonio con determinadas condiciones y que el hombre fuera advertido para que no la golpeara.
La respuesta resulta especialmente grave porque minimiza la violencia como si se tratara de una conducta que el esposo simplemente debe moderar, en lugar de reconocer que la denuncia de maltrato puede ser una razón para proteger a la mujer y garantizarle una salida segura. Una habitación separada y una advertencia no sustituyen el derecho de una mujer a decidir que no quiere continuar con una relación violenta.
El costo de divorciarse bajo el régimen talibán
El caso también evidencia que el divorcio bajo el régimen talibán puede convertirse en una carga económica para las mujeres. El esposo de la joven exige 30.000 dólares para aceptar la separación, cantidad que su familia se niega a pagar. Al mismo tiempo, mecanismos como la khula, mediante la cual una esposa puede solicitar la disolución del matrimonio, pueden implicar consecuencias económicas relacionadas con la dote.
La desigualdad no termina ahí. En mayo de 2026, los talibanes publicaron el Decreto N.º 18, un código sobre la separación judicial de los cónyuges que, según ONU Mujeres, UNAMA y organizaciones de derechos humanos, profundiza la discriminación contra mujeres y niñas. El texto ha sido cuestionado porque reconoce matrimonios concertados durante la infancia y establece obstáculos para que mujeres y niñas puedan abandonar determinados matrimonios.
Esto adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se recuerda la edad de la protagonista de este caso. Tiene apenas 18 años. No se trata simplemente de una mujer adulta que enfrenta una disputa matrimonial, es una joven que contrajo matrimonio siendo adolescente y que ahora debe luchar para recuperar capacidad de decisión sobre su propia vida.
Las nuevas disposiciones han generado denuncias de organizaciones feministas y de derechos humanos por el retroceso de las protecciones frente al matrimonio infantil y forzado. Algunas disposiciones permiten reconocer matrimonios celebrados durante la infancia y restringen las posibilidades de impugnarlos posteriormente, lo que puede dejar a niñas y mujeres atrapadas en un vínculo que nunca pudieron decidir libremente.
La historia de esta joven, por tanto, no puede separarse del contexto de Afganistán bajo el régimen talibán, donde la exclusión de las mujeres de la educación, el empleo y numerosos espacios públicos ha reducido también sus posibilidades de independencia económica y de construir alternativas fuera del matrimonio. Cinco años después de la toma del poder en 2021, estas restricciones forman parte de un sistema más amplio de discriminación institucionalizada contra mujeres y niñas.
Lo ocurrido ante el gobernador plantea una pregunta que va más allá de este matrimonio: ¿qué significa tener derecho a decidir sobre la propia vida cuando una mujer que denuncia violencia debe convencer a una autoridad masculina de que no quiere regresar con su esposo y, además, pagar para poder salir de la relación?
El caso demuestra que la violencia contra las mujeres no ocurre únicamente cuando un hombre golpea a su esposa. También puede reproducirse mediante instituciones que cuestionan su palabra, normalizan la subordinación, convierten el divorcio en una carga económica y priorizan la conservación del matrimonio sobre la seguridad y autonomía de quien busca abandonarlo. En Afganistán, defender el derecho de las mujeres a divorciarse también significa defender su derecho fundamental a decidir sobre sus cuerpos, sus vidas y su futuro.
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