Decenas de manifestantes israelíes de extrema derecha se concentraron la noche del 16 de septiembre frente a la vivienda de los padres de Rachel Szor, codirectora del documental NAZA, y corearon consignas como “muerte a los traidores”. La protesta se produjo días después de que la película recibiera el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
Durante la movilización, manifestantes hostigaron a personas que acudieron a expresar su rechazo a la concentración. Entre quienes encabezaron la protesta se encontraban los activistas de extrema derecha Mordechai David y Roy Star. En uno de los videos difundidos, David aseguró que perseguirían a los realizadores y sus familias. El episodio supone una nueva escalada de las amenazas contra Szor y su codirector Yuval Abraham.
NAZA desata críticas de políticos israelíes
El documental aborda los ataques israelíes en Gaza a partir de testimonios de integrantes del Ejército y los servicios de inteligencia israelíes sobre las operaciones militares y el impacto de los ataques indiscriminados sobre la población palestina. Las autoridades israelíes rechazan las conclusiones de la producción y han acusado a sus realizadores de difamar al Ejército.
La respuesta también llegó desde el Gobierno. El ministro de Cultura, Miki Zohar, acusó a Abraham y Szor de “traición al Estado” y pidió investigar la posibilidad de retirarles la ciudadanía. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció proyectos de ley para imponer sanciones económicas y contemplar la revocación de ciudadanía a quienes, según la propuesta, difamen a integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Amenazas contra cineastas y libertad de expresión
La presión no se ha limitado a los realizadores. En distintas ciudades israelíes aparecieron imágenes de Abraham y Szor acompañadas de la palabra “traidores”, mientras ambos han recibido amenazas de muerte y ataques en redes sociales.
Más de 200 cineastas israelíes también han expresado públicamente su respaldo a los directores y denunciado la campaña de intimidación. El caso ha colocado nuevamente en el centro del debate la libertad de expresión y la protección de periodistas, artistas y fuentes que documentan posibles abusos durante conflictos armados.
Cuestionar el contenido de una película forma parte del debate público. Amenazar a sus realizadores, perseguir a sus familias o plantear castigos estatales por sus investigaciones abre una discusión mucho más grave sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a documentar violaciones de derechos humanos.
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