La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) publicó un informe trimestral sobre las detenciones y los castigos impuestos por la policía de la moral talibán a cientos de personas en Afganistán, en su mayoría mujeres.
La policía de la moral talibán practicó 443 detenciones arbitrarias y cometió 97 casos de malos tratos en Afganistán entre julio y septiembre de 2026, según un informe trimestral de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), publicado el 15 de octubre. Las intervenciones estuvieron relacionadas con la vestimenta de las mujeres, la apariencia masculina, la asistencia a las oraciones colectivas y la prohibición de la música.
Los hallazgos documentan cómo las autoridades talibanas utilizan la vigilancia y los castigos para imponer sus normas religiosas y regular la vida cotidiana. Aunque estas medidas afectan a distintos sectores de la población, las mujeres y las niñas enfrentan consecuencias especialmente graves debido a las restricciones que limitan su acceso a la educación, el trabajo, la movilidad y otros servicios esenciales.
Policía de la moral talibán: detenciones y castigos
Según la UNAMA, las autoridades detuvieron a hombres y mujeres afganas por incumplir las normas de conducta impuestas por el régimen. Durante el trimestre, la misión registró más de 50 intervenciones contra mujeres por su vestimenta, principalmente en Kabul y Herat. El 27 de septiembre, el portavoz del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, Saif-ul-Islam Khaibar, justificó estas medidas al afirmar que «no llevar el velo es, en sí mismo, un delito muy grave».
Estas prácticas profundizan el control sobre la vida cotidiana de las mujeres y obstaculizan su acceso a servicios esenciales, además de limitar su autonomía y participación social. Como consecuencia, muchas enfrentan mayores dificultades para salir de sus hogares y realizar actividades básicas sin exponerse a sanciones o restricciones.
Las restricciones sistemáticas contra las mujeres han llevado a organizaciones y especialistas en derechos humanos a describir la situación en Afganistán como un apartheid de género. El término denuncia la segregación institucionalizada por motivos de género, aunque su reconocimiento como categoría jurídica internacional específica continúa siendo objeto de debate.
Obstáculos para estudiar y recibir atención médica
La represión de la policía de la moral talibán se suma a las restricciones educativas, laborales y de movilidad impuestas desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021. Las niñas y mujeres afganas continúan excluidas de la educación secundaria y universitaria, además enfrentan prohibiciones laborales y limitaciones para participar en espacios públicos.
El informe también documentó casos en los que se impidió a mujeres acceder a servicios básicos por no estar acompañadas de un mahram, un familiar varón exigido por las normas talibanas. En agosto, dos mujeres no pudieron entrar en un centro sanitario de Parwan y otra fue rechazada en un mercado de Helmand.
La exclusión educativa cumple cinco años desde septiembre de 2021. Aunque el portavoz talibán Zabihullah Mujahid atribuyó en agosto la continuidad de la prohibición a diferencias de interpretación religiosa, privar a las niñas de educación vulnera sus derechos y reduce sus oportunidades de independencia económica y participación social.
La «amnistía talibán» no frenó las represalias
El informe trimestral de la UNAMA registró cuatro asesinatos y 14 detenciones arbitrarias de antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad afganas, pese a la amnistía general anunciada por los talibanes tras regresar al poder en agosto de 2021. La medida prometía proteger a antiguos funcionarios públicos, integrantes del Gobierno anterior y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las denuncias de abusos han persistido, según organismos internacionales.
La UNAMA informó del arresto de un periodista en Badakhshan, en agosto, después de que criticara el trato discriminatorio hacia la población de la provincia. Fue liberado al día siguiente. Otro reportero, detenido en julio de 2025, continuaba bajo custodia sin una condena judicial. La misión también alertó sobre suspensiones de medios sin derecho a apelación.
Las represalias también han afectado a civiles que colaboraron con el anterior Gobierno y sus aliados, incluidos docentes, traductores y otros trabajadores públicos. Organismos internacionales han documentado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos contra estos grupos, que continúan expuestos a la persecución pese a las garantías anunciadas por las autoridades talibanas.
Los talibanes niegan los abusos y restringen la transparencia
El portavoz talibán Zabiullah Mujahid rechazó las conclusiones de la ONU y afirmó que las detenciones fueron legales, mientras acusó a la UNAMA de hacer propaganda contra el régimen.
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo talibán dejó de publicar en línea este tipo de casos desde abril de 2026. Las autoridades justifican sus medidas mediante un código penal que ha sido modificado periódicamente, con disposiciones cada vez más restrictivas para los derechos de las mujeres afganas.
La falta de transparencia y las restricciones informativas impuestas por los talibanes dificultan conocer el alcance real de los abusos, que podrían ser mayores en las zonas rurales, donde el acceso a la información es limitado.
Para más noticias sobre Afganistán, da click aquí.
