Las periodistas musulmanas Shaheen Khan y Nafisa Khan denunciaron haber sido detenidas y agredidas por agentes de la Policía de Delhi en la comisaría de Saket, mientras cubrían un acto al que asistieron el ministro del Interior, Amit Shah, y la ministra principal de Delhi, Rekha Gupta. Ambas aseguran que fueron golpeadas y que el trato se agravó después de que los agentes conocieran su identidad religiosa. La Policía de Delhi niega las acusaciones y sostiene que fueron retiradas del lugar por obstruir una ruta destinada al desplazamiento de personalidades protegidas.
Periodistas musulmanas denuncian discriminación religiosa
Las periodistas trabajan para 4PM News Network y acudieron a Saket para cubrir la inauguración de una nueva ala del Max Smart Super Speciality Hospital, acto al que asistieron Shah y Gupta. Según su versión, intentaban formular preguntas a la ministra principal cuando fueron detenidas y trasladadas a la comisaría.
Posteriormente, se difundieron videos en los que ambas aparecen con lesiones visibles. Nafisa Khan, además, muestra dificultades para caminar y lesiones en las piernas.
Shaheen Khan afirmó en un video que los agentes les preguntaron sus nombres y que la violencia se intensificó después de conocer que ambas eran musulmanas. Ya en la comisaría, otros periodistas acudieron para acompañarlas, grabaron parte de la situación y denunciaron que habían sido agredidas con porras. Shaheen también mostró las visibles heridas que sufrió su colega Nafisa.
La Policía de Delhi rechaza esta versión y asegura que las periodistas fueron trasladadas por motivos de seguridad, después de que presuntamente obstruyeran una ruta destinada a personas protegidas. Hasta el momento, ambas versiones permanecen enfrentadas y corresponde a una investigación independiente determinar qué ocurrió.
Mujeres musulmanas, prensa y abuso de poder
El caso ha generado indignación dentro y fuera de India porque plantea una cuestión que va más allá del enfrentamiento entre periodistas y policías. También pone sobre la mesa la protección de la libertad de prensa y el riesgo de que los mecanismos de seguridad sean utilizados de manera desproporcionada contra quienes ejercen su labor periodística.
Si se confirma que la identidad religiosa de las periodistas influyó en el trato que recibieron, podría existir un componente de discriminación que debería ser investigado y, en su caso, sancionado. El problema adquiere mayor gravedad en un contexto marcado por el aumento de los discursos de odio y por la creciente polarización en torno a la comunidad musulmana.
Además, al tratarse de mujeres periodistas, el caso puede analizarse desde una perspectiva de género que permita observar cómo interactúan distintas formas de vulnerabilidad: ser mujer, pertenecer a una minoría religiosa y ejercer una profesión que implica cuestionar a quienes ocupan posiciones de poder.
Organizaciones como el Club de Prensa de la India, el Indian Women’s Press Corps y la Delhi Union of Journalists condenaron las acusaciones y reclamaron una investigación transparente. También pidieron que el Consejo de Prensa de la India examine el caso y que se preserven las grabaciones de seguridad y cualquier otra evidencia que pueda ayudar a esclarecer los hechos.
La libertad de prensa implica que los periodistas puedan preguntar, investigar y cuestionar a quienes ejercen el poder sin sufrir intimidación ni violencia. Los protocolos de seguridad para funcionarios son necesarios, pero no deberían convertirse en una justificación para vulnerar derechos fundamentales.
La doble vara frente a la violencia contra las mujeres musulmanas
El caso también obliga a cuestionar el doble discurso con el que se habla de la violencia contra las mujeres musulmanas. Cuando un hombre musulmán agrede a una mujer, ciertos sectores convierten esa violencia en un argumento para discursos de odio y racismo, señalando no solo al agresor, sino a toda la comunidad musulmana. Pero cuando una mujer musulmana es agredida por hombres ajenos a esa comunidad o por instituciones del Estado, la misma violencia puede ser minimizada, negada o justificada, y la identidad de la víctima deja de importar.
Los derechos de las mujeres no pueden defenderse de manera selectiva ni depender de una determinada ideología, religión o identidad política. Una mujer musulmana no deja de merecer protección cuando denuncia violencia policial, ni su identidad religiosa puede utilizarse para justificar prejuicios contra ella o contra toda una comunidad. La defensa de sus derechos debe mantenerse independientemente de quién sea el agresor.
El concepto de femonacionalismo permite analizar precisamente esta instrumentalización selectiva de la igualdad de género con fines políticos, nacionalistas o discriminatorios. Defender los derechos de las mujeres exige rechazar cualquier doble estándar: tanto la violencia ejercida dentro de una comunidad como aquella atribuida al Estado deben ser investigadas con los mismos criterios y, cuando corresponda, sancionadas.
Por ahora, las versiones de Shaheen y Nafisa Khan y las de la Policía de Delhi permanecen enfrentadas. Sin embargo, las lesiones denunciadas, los testimonios y las imágenes y videos difundidos hacen necesaria una investigación imparcial y transparente que permita determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades.
La defensa de los derechos de las mujeres musulmanas debe ser universal, no selectiva ni instrumental.
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