Cerca de 200 estudiantes, en su mayoría alumnas de comunidades tribales, salieron a las calles el lunes 24 de agosto de 2026 y marcharon durante horas desde la Escuela Residencial Eklavya Adarsh, en Jamli, Madhya Pradesh, hasta la sede distrital de Barwani. La movilización buscó exigir respuestas ante expresiones discriminatorias por casta, abusos, malos tratos, restricciones para recibir a sus familiares y deficiencias en las instalaciones del internado. Las estudiantes pidieron ser escuchadas directamente por la magistrada del distrito, Jayati Singh.
La protesta surgió después de que las alumnas afirmaran que varias de sus quejas anteriores no habían sido atendidas. Entre sus principales denuncias, señalaron que los directivos habrían abierto el buzón de quejas y destruido los formularios frente a ellas para impedir que llegaran a las autoridades gubernamentales. Ante esta situación, las estudiantes decidieron salir de la escuela-internado y marchar hasta la sede distrital para exigir ser escuchadas.
Alumnas de comunidades rurales y tribales exigen ser escuchadas
Las estudiantes caminaron durante horas y bloquearon brevemente la carretera nacional Agra-Mumbai para exigir la presencia de la autoridad distrital. Durante el trayecto, denunciaron hostigamiento y aseguraron que autoridades administrativas y policiales intentaron detenerlas, pero continuaron su marcha. Su plan inicial era recorrer más de 60 kilómetros. Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión entre policías y las estudiantes de secundaria y bachillerato.
«Queremos reunirnos con la magistrada. Solo queremos contarle nuestros problemas».
Además de las denuncias de discriminación, las estudiantes reclamaron mejores instalaciones, condiciones adecuadas en el internado y la conclusión del auditorio en construcción, donde, según señalaron, no han podido realizar actividades artísticas. Sus reclamos apuntan no solo al trato recibido por parte del personal, sino también a las condiciones en las que reciben educación.
Tras su llegada a Barwani, las estudiantes tuvieron que esperar más de seis horas, según medios locales, antes de ser atendidas por la magistrada distrital Jayati Singh. Las jóvenes permanecieron bajo altas temperaturas durante la espera, lo que generó indignación por la respuesta de las autoridades ante la movilización. Finalmente, las autoridades anunciaron una investigación y Singh confirmó la creación de un comité para examinar las denuncias.
Cuando una escuela para comunidades tribales enfrenta acusaciones de discriminación
Las Escuelas Residenciales Eklavya forman parte de una política educativa del Gobierno de India destinada a ampliar el acceso a la educación de estudiantes de comunidades tribales, especialmente en zonas donde la distancia y la desigualdad socioeconómica dificultan su acceso a las aulas. Por ello, las denuncias surgidas en Jamli adquieren especial relevancia.
Una institución creada para ampliar oportunidades educativas no debería reproducir prácticas de humillación, exclusión o discriminación. Si se confirman las acusaciones de comentarios relacionados con la casta, el caso iría más allá de un conflicto entre estudiantes y docentes: implicaría una posible vulneración de los derechos y la dignidad de adolescentes dentro de una institución que debe garantizar su protección.
La Constitución india establece el principio de igualdad y prohíbe la discriminación. Además, el país cuenta con leyes específicas para proteger a comunidades históricamente desfavorecidas. Por ello, la investigación no debería limitarse a determinar qué ocurrió, sino también esclarecer si existieron patrones de conducta, si los directivos conocían las denuncias previas y por qué no se atendieron de manera adecuada.
Las alumnas dejaron claro que no exigían privilegios, sino algo tan básico como estudiar en condiciones dignas, sin discriminación y con respeto a sus derechos. Su protesta pone nuevamente sobre la mesa una problemática profundamente arraigada en India. A pesar de las prohibiciones legales, las desigualdades vinculadas al sistema de castas continúan manifestándose en distintos ámbitos de la vida social, incluida la educación.
La administración de Barwani debe demostrar que escuchar no es suficiente
La intervención de las autoridades puso fin a la movilización y dio paso a la creación de un comité investigador. La magistrada Jayati Singh aseguró que las preocupaciones de las estudiantes habían sido escuchadas y que se tomarían medidas con base en los resultados de la investigación. También se informó que funcionarios acompañaron a las jóvenes y adoptaron medidas para garantizar su seguridad durante la protesta.
Sin embargo, escuchar no equivale a resolver. Tampoco basta con crear una comisión si sus conclusiones no se traducen en acciones. Las estudiantes ya habían denunciado que algunas de sus quejas anteriores no fueron atendidas, por lo que el verdadero reto para las autoridades comenzará cuando la atención pública deje de estar sobre Barwani.
La investigación deberá ser independiente, transparente y sensible a la edad de las denunciantes. También deberá garantizar que ninguna estudiante enfrente represalias por participar en la protesta o denunciar posibles abusos. Si se confirman responsabilidades, deberán determinarse con base en pruebas y conforme a la ley. Del mismo modo, cualquier deficiencia en las instalaciones deberá corregirse con medidas concretas y plazos verificables.
El caso de Barwani deja ahora una pregunta abierta sobre la capacidad de las autoridades para transformar las denuncias de las estudiantes en acciones concretas. Para ellas, la protesta no terminó con ser escuchadas, sino que apenas abrió el camino para exigir cambios y condiciones dignas dentro de su escuela.
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