Con pancartas y consignas, cientos de universitarias en Delhi han salido a las calles durante varios días para exigir justicia por una adolescente que denunció haber sido víctima de una violación en grupo en el parque Aastha Kunj, cerca de su campus universitario. Las protestas de mujeres universitarias en Delhi comenzaron como una marcha de solidaridad por la agresión ocurrida el 21 de septiembre de 2026, pero rápidamente se transformaron en una movilización más amplia contra la violencia sexual y por el derecho de las mujeres a estudiar, desplazarse y utilizar los espacios públicos sin restricciones impuestas como respuesta a la inseguridad.
De una marcha de solidaridad a una protesta por la libertad de las mujeres
Las primeras movilizaciones estuvieron directamente relacionadas con la agresión denunciada en Aastha Kunj, un amplio parque situado en el sureste de Nueva Delhi. De acuerdo con la investigación policial, tres hombres habrían abordado a la adolescente y a un amigo haciéndose pasar por agentes de policía, para después separarlos y agredir sexualmente a la joven bajo amenazas. Los tres sospechosos fueron detenidos.
La respuesta de las universitarias, sin embargo, no se limitó a exigir justicia por un caso concreto, ya que las estudiantes comenzaron a cuestionar las condiciones en las que las mujeres utilizan diariamente calles, parques, transporte y otros espacios de la ciudad. De esta manera, una marcha inicialmente solidaria adquirió un carácter colectivo frente a una respuesta institucional que, según las manifestantes, terminó restringiendo la movilidad femenina en lugar de abordar las condiciones que permiten que ocurran las agresiones.
Las protestas continuaron después de que algunas medidas de seguridad implicaran limitar las actividades presenciales de las estudiantes. Entre las movilizaciones destacó la participación de alumnas de Lady Shri Ram College, Miranda House, Gargi College y Kamala Nehru College, quienes llevaron sus demandas a distintos puntos de Nueva Delhi. El lema “Hum Auratein Azaad Hain”, que puede traducirse como “Nosotras, las mujeres, somos libres”, resume una de las principales exigencias de las manifestantes: la seguridad no debe conseguirse a costa de la libertad femenina.
Cuestionan una seguridad que limita su libertad
La discusión tomó mayor fuerza después de que Lady Shri Ram College trasladara temporalmente sus clases presenciales a internet. Aunque la medida fue presentada como una respuesta de protección, estudiantes cuestionaron que, ante una agresión sexual, la solución termine modificando la vida cotidiana de las mujeres en lugar de transformar las condiciones que permiten que la violencia ocurra.
Esta crítica forma parte de un debate más amplio sobre las políticas de seguridad dirigidas a las mujeres, especialmente cuando las medidas de prevención terminan condicionando sus horarios, desplazamientos o acceso a determinados lugares. Frente a ello, las manifestantes han planteado que corresponde a las instituciones y a las autoridades garantizar espacios seguros para que puedan permanecer en las aulas, regresar a sus residencias, utilizar el transporte público y caminar por la ciudad sin tener que reducir su movilidad.
Las estudiantes también han señalado deficiencias concretas alrededor de los espacios universitarios y públicos, entre ellas calles y zonas con poca iluminación, cámaras de vigilancia que no funcionan, vigilancia insuficiente y puntos que quedan prácticamente abandonados durante determinadas horas. Por ello, sus demandas incluyen mayor patrullaje, transporte público seguro, infraestructura adecuada y una respuesta institucional sostenida después de que disminuya la atención mediática sobre el caso.
Delhi y una violencia sexual que no comenzó con Aastha Kunj
El caso de Aastha Kunj ocurre en una ciudad que arrastra desde hace años una profunda discusión sobre la violencia sexual contra las mujeres. La violación grupal de Jyoti Singh, conocida como Nirbhaya, en diciembre de 2012 provocó enormes movilizaciones en India y derivó en importantes cambios legislativos relacionados con los delitos sexuales. El caso también colocó en el centro del debate nacional las condiciones de seguridad, la respuesta policial y la desigualdad de género.
La violencia sexual, sin embargo, continúa siendo un problema en India. El mes pasado, una joven de 17 años fue violada en grupo en un autobús en movimiento por el conductor y el cobrador, según informaron medios locales. Además, Reuters ha señalado que en el país se denuncian ante la policía más de 80 violaciones cada día, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Registros Delictivos.
En Delhi, la policía registró 1.901 denuncias por violación durante 2025, frente a 2.076 en 2024 y 2.141 en 2023. Aunque las cifras disminuyeron durante dos años consecutivos, continúan representando miles de denuncias y, por sí solas, no permiten considerar resuelto el problema.
La comparación histórica requiere cautela, debido a que las estadísticas oficiales reflejan los delitos denunciados y no necesariamente todas las agresiones ocurridas. Asimismo, los cambios legislativos y en los procedimientos policiales posteriores a 2012 pueden haber influido en el registro de los casos. Aun con estas limitaciones, los datos mantienen la violencia sexual como una preocupación central para las mujeres en Delhi. En este contexto, el Tribunal Supremo de la India pidió recientemente que se rindieran cuentas por una serie de casos de violación registrados en la capital y zonas cercanas; medios locales informaron que el tribunal cuestionó la actuación de las fuerzas del orden.
Las universitarias en Delhi convierten el miedo en una demanda colectiva
Las movilizaciones de septiembre muestran cómo una agresión contra una adolescente puede convertirse en un reclamo colectivo cuando otras mujeres reconocen en ese hecho riesgos presentes en su propia vida cotidiana. Las estudiantes no solamente exigen justicia por lo ocurrido en Aastha Kunj, sino que cuestionan las condiciones que permiten que calles, parques, trayectos de regreso a casa y espacios universitarios se conviertan en lugares de riesgo.
Por ello, las marchas han adquirido una dimensión que supera el expediente policial. Las estudiantes cuestionan que la respuesta frente a la violencia sexual consista en modificar sus horarios, limitar sus desplazamientos o trasladar las clases fuera de los campus. Desde esta perspectiva, el derecho a la educación y a la movilidad también forma parte de la seguridad.
Las universitarias han decidido ocupar las calles para reclamar precisamente aquello que las agresiones y las restricciones pretenden limitar: la posibilidad de estudiar, desplazarse y utilizar los espacios públicos sin que la violencia sexual determine hasta dónde pueden llegar. Para las manifestantes, proteger a las mujeres no significa decirles dónde no deben estar, sino garantizar las condiciones para que puedan estar allí.
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