Sana Yousaf fue asesinada a tiros dentro de su casa en Islamabad después de rechazar repetidamente las insinuaciones de Umar Hayat, un hombre de 23 años que desarrolló una obsesión con ella tras verla en redes sociales. Este pasado martes 19 de mayo de 2026, un tribunal pakistaní lo condenó a muerte por el feminicidio que conmocionó al país y abrió nuevamente el debate sobre la violencia patriarcal y los riesgos que enfrentan las mujeres jóvenes en internet.
El juez Muhammad Afzal Majoka declaró culpable a Hayat de homicidio intencional y ordenó además el pago de 2,5 millones de rupias como compensación para la familia de la adolescente. La pena deberá ser confirmada por el Tribunal Superior de Islamabad.
Sana Yousaf tenía 17 años y era originaria de Chitral, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Con alrededor de 1,3 millones de seguidores entre TikTok e Instagram, se había convertido en una figura popular entre jóvenes pakistaníes gracias a sus videos sobre moda, cuidado personal y estilo de vida. Para muchas adolescentes, su presencia digital representaba libertad, expresión y autonomía, es decir, sobre derechos de las mujeres, en una sociedad profundamente desigual para las mujeres.
Según la investigación, Umar Hayat viajó desde Jaranwala hasta Islamabad para intentar encontrarse con Sana cerca de su cumpleaños en mayo de 2025. Tras ser rechazado, regresó armado con una pistola calibre .30. El 2 de junio irrumpió en la vivienda familiar y le disparó frente a su madre y su tía antes de huir con el teléfono móvil de la joven.
La policía arrestó al agresor en Faisalabad menos de 20 horas después del crimen. Aunque posteriormente negó haber conocido a Sana y acusó a la policía de torturarlo para obtener una confesión, el tribunal consideró suficientes las pruebas presentadas.
El padre de Sana afirmó tras el veredicto que la familia llevaba once meses esperando justicia. “Este veredicto no es solo para mí, sino para toda la sociedad”, declaró a medios locales. Su madre aseguró que el responsable “ha recibido el castigo que le corresponde”.
Sana Yousaf y la violencia contra las mujeres visibles en internet
El asesinato de Sana Yousaf provocó indignación en Pakistán y reavivó las denuncias de activistas feministas sobre el aumento de la violencia contra mujeres creadoras de contenido. Para organizaciones de derechos humanos, el caso de Sana Yousaf no es aislado: refleja una cultura donde muchas mujeres son castigadas por ejercer autonomía, decir “no” y ocupar espacios públicos o digitales.
Nighat Dad, directora ejecutiva de la Digital Rights Foundation, señaló que los ataques contra mujeres como Sana Yousaf están vinculados a una misoginia estructural profundamente arraigada. “Cuando las mujeres jóvenes establecen límites o rechazan insinuaciones, hieren el ego masculino en una sociedad que enseña a los hombres que tienen derecho sobre los cuerpos y decisiones de las mujeres”, afirmó.
La muerte de Sana Yousaf también generó reacciones misóginas en redes sociales, donde algunos usuarios responsabilizaron a la víctima por su presencia en TikTok. Colectivos feministas como Aurat March denunciaron que estas narrativas buscan justificar la violencia y silenciar a las mujeres visibles en internet.
En Pakistán, donde solo el 30 % de las mujeres posee un teléfono inteligente frente al 58 % de los hombres, las redes sociales representan uno de los pocos espacios de independencia económica y expresión pública para muchas jóvenes. Sin embargo, también se han convertido en escenarios de acoso, amenazas y violencia letal.
La voz de Sana Yousaf continúa viva en cada mujer que exige respeto y libertad sin miedo. Su historia se ha convertido en símbolo de resistencia frente a una violencia que todavía intenta castigar a quienes se atreven a existir con autonomía.
Justicia sin nombre para la violencia de género en Pakistán
En Pakistán no existe la figura legal de “feminicidio” dentro del Código Penal (heredero de estructuras jurídico-coloniales), por lo que el asesinato de Sana Yousaf fue procesado como homicidio intencional, a pesar de haberse cometido en un contexto claro de violencia de género.
Aunque el tribunal dictó la pena máxima contra el agresor, el caso evidencia una limitación estructural del sistema judicial: la ley sigue tratando estos crímenes como hechos aislados, sin reconocer explícitamente la dimensión de género que los atraviesa.
Esta ausencia legal no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas y sociales. Al no nombrar el feminicidio, se corre el riesgo de diluir la violencia misógina en categorías generales que no reflejan la realidad de las víctimas ni el patrón sistemático de agresiones contra mujeres.
En muchos casos, estos asesinatos también son enmarcados dentro de narrativas de “honor”, una lógica cultural que ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos como un mecanismo que normaliza, justifica o minimiza la violencia contra las mujeres.
Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, al menos 346 mujeres fueron asesinadas en 2024 en nombre del llamado “honor”. Activistas advierten que numerosos feminicidios relacionados con el control masculino y el rechazo sentimental ni siquiera son clasificados dentro de esas cifras.
El caso de Sana Yousaf vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reconocer legalmente la violencia feminicida, no solo para sancionarla, sino para nombrarla como lo que es: una expresión extrema de desigualdad de género.
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