Ex generales israelíes y antiguos altos funcionarios de seguridad denunciaron la violencia ejercida por colonos israelíes contra comunidades palestinas en Cisjordania ocupada y advirtieron que el desplazamiento de familias, la apropiación de tierras y los ataques sistemáticos podrían constituir una forma de limpieza étnica. Más de 200 figuras prominentes de Israel, entre ellas más de 30 generales retirados y antiguos jefes de inteligencia, han exigido el fin de estas agresiones y señalado al Gobierno de Benjamin Netanyahu por permitir, financiar o no impedir esta violencia.
Según informó The New York Times el domingo, la denuncia adquiere especial relevancia por proceder de antiguos integrantes del aparato militar y de seguridad israelí, muchos de los cuales recorrieron comunidades palestinas y recogieron testimonios sobre las consecuencias de la violencia. Agricultores y pastores relataron haber perdido el acceso a sus viviendas, tierras de cultivo y zonas de pastoreo debido a ataques, amenazas y a la instalación de nuevas estructuras por parte de colonos. Estos testimonios apuntan a un proceso que no se limita a episodios aislados de violencia, sino que afecta de manera directa las condiciones de permanencia de las comunidades palestinas en sus territorios.
El general de brigada retirado Ephraim Sneh, quien también fue ministro de Salud de Israel, calificó directamente la situación como una forma de limpieza étnica. Por su parte, el mayor general retirado Eyal Ben-Reuven, antiguo comandante de las fuerzas terrestres israelíes y de una división desplegada en Cisjordania, sostuvo que la violencia de los colonos representa para él una amenaza mayor que otros frentes regionales, incluidos Irán, Gaza y Líbano.
El desplazamiento como consecuencia de la violencia
La gravedad de las denuncias se encuentra también en sus consecuencias concretas. En distintas zonas de Cisjordania, particularmente en el valle del Jordán, comunidades palestinas han abandonado sus hogares después de sufrir incursiones nocturnas, robos, destrucción de propiedades y ataques contra agricultores y pastores.
Uno de los casos señalados es el de Hamamat al-Maleh, una comunidad beduina del valle del Jordán donde las incursiones y agresiones provocaron primero la salida de la mayoría de sus habitantes y posteriormente el abandono del lugar por las familias que permanecían allí. En otras comunidades, los residentes han denunciado que nuevos puestos de avanzada, cercas y restricciones de acceso les han impedido llegar a sus propias tierras.
El problema, por tanto, no puede analizarse únicamente como una sucesión de enfrentamientos entre civiles. Cuando una familia deja de poder acceder a su casa, cultivar su tierra o alimentar a sus animales, la violencia comienza a operar también como un mecanismo de expulsión.
Ex generales israelíes firman carta denunciando a Netanyahu
En junio, más de 200 figuras públicas israelíes firmaron una carta para exigir el fin de los ataques contra civiles palestinos en Cisjordania. Entre los firmantes se encontraban dos ex primeros ministros, más de 30 generales retirados de las fuerzas terrestres y aéreas y antiguos responsables de los servicios de inteligencia exterior e interior.
Los firmantes denunciaron lo que describieron como terrorismo judío y limpieza étnica, además de acusar al Gobierno de Netanyahu de mantener una política deliberada en la que distintos sectores del aparato de seguridad, entre ellos, el ejército, el Shin Bet y la policía, que serían conscientes de la violencia y, según la denuncia, actuarían con complicidad o permitirían que ocurra.
La carta también cuestionó el financiamiento público destinado a puestos de avanzada y explotaciones agrícolas de colonos, así como la actuación de soldados que, de acuerdo con los denunciantes, en determinados casos permanecen al margen de los ataques o participan junto a los agresores.
La acusación es particularmente grave porque desplaza el debate desde la responsabilidad individual de determinados colonos hacia una cuestión estructural, al responsabilizar al gobierno de Netanyahu de una violencia ejercida contra una población ocupada que se reproduce de manera sistemática y termina generando desplazamiento territorial.
Una advertencia desde el propio aparato de seguridad
Moshe Ya’alon, antiguo jefe del Estado Mayor israelí y exministro de Defensa durante un Gobierno de Netanyahu, también ha cuestionado la ideología supremacista asociada con sectores extremistas del movimiento de colonos.
Otro exgeneral, Asaf Agmon, expresó una advertencia todavía más profunda al señalar que una sociedad que normaliza este tipo de comportamiento pone en riesgo su propio futuro. Sus palabras reflejan una preocupación que trasciende la política inmediata: la transformación de la violencia contra los palestinos en una práctica normalizada puede terminar erosionando también las instituciones y valores de la sociedad que la permite.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el punto central no debería ser únicamente determinar cuántos ataques se producen, sino observar qué patrón emerge de ellos. La violencia, las amenazas, la destrucción de bienes, las restricciones de acceso y la pérdida de medios de subsistencia pueden generar condiciones que hagan inviable la permanencia de comunidades enteras.
Cisjordania, el otro frente de la crisis palestina
La situación en Cisjordania suele quedar olvidada por el genocidio en Gaza, pero ambas realidades forman parte de un contexto más amplio de ocupación, conflicto territorial y exterminio. Desde octubre de 2023, Naciones Unidas ha documentado miles de ataques de colonos en Cisjordania que han dejado palestinos heridos, desplazados y asesinados.
Según las cifras citadas en el reporte sobre las denuncias de los exfuncionarios, más de 3.200 palestinos han sido desplazados durante 2026 como consecuencia de ataques de colonos, aproximadamente el doble de la cifra registrada durante el año anterior. Asimismo, ha aumentado considerablemente el promedio de palestinos heridos en este tipo de incidentes: de una persona cada tres días en 2020 a más de tres personas diarias durante 2026. A esto se suma el incremento de palestinos asesinados, con más de 1.000 personas asesinadas desde 2023, lo que evidencia una escalada sostenida de la violencia y de sus consecuencias sobre la población palestina.
Estos datos permiten dimensionar el problema más allá de los discursos políticos. Cada desplazamiento implica una ruptura familiar, la pérdida de una vivienda, la interrupción de una actividad económica y, en muchos casos, el abandono de tierras que han sostenido a generaciones.
Por ello, las declaraciones de los antiguos generales israelíes representan algo más que una crítica interna. Constituyen una advertencia procedente de personas que conocen desde dentro la estructura militar y de seguridad del Estado israelí y que ahora describen la violencia de los colonos como una amenaza para la propia sociedad israelí.
La denuncia también obliga a mirar hacia una pregunta fundamental para el derecho internacional y los derechos humanos: ¿qué ocurre cuando la expulsión de una población no sucede mediante una única operación, sino a través de una acumulación de violencia, miedo, restricciones y pérdida progresiva de territorio?
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