Se hizo noticia sobre 20 mujeres afganas detenidas en Kabul el pasado jueves 24 de septiembre, cuando agentes del Ministerio talibán para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio interceptaron a un grupo de mujeres y las trasladaron en vehículos oficiales, según fuentes locales. Posteriormente, cuatro fueron liberadas después de que sus teléfonos fueran revisados y sus familias ofrecieran garantías, mientras que otras 16 permanecen bajo custodia.
Hasta ahora, las autoridades talibanes no han explicado públicamente el motivo de las detenciones. Sin embargo, medios locales han señalado que las mujeres habrían sido detenidas por no contar con un mahram, un acompañante masculino, o por no cumplir con el código de vestimenta impuesto por las autoridades talibanes.
Las detenciones ocurrieron alrededor del mediodía en la zona de Shah-e Do Shamshira, próxima al centro de Kabul, donde se encuentran ministerios y otras instituciones públicas. De acuerdo con fuentes consultadas por medios locales independientes, agentes hombres y mujeres patrullaban el área cuando comenzaron a detener a las mujeres y obligarlas a subir a vehículos oficiales.
Posteriormente, se difundió un video en el que una mujer, identificada por una fuente como una posible agente talibán, intenta introducir por la fuerza a otra mujer en un vehículo. Mientras ella se resiste, dentro del automóvil se observan un funcionario talibán y otras mujeres. En la grabación, el funcionario les ordena de manera agresiva que suban al vehículo, incluida la propia agente que participa en la detención.
La ausencia de una explicación oficial resulta relevante porque una detención no debería utilizarse para sancionar arbitrariamente a una mujer por encontrarse en un espacio público o por no ajustarse a una determinada interpretación de las normas de vestimenta. La libertad personal y la protección frente a las detenciones arbitrarias constituyen garantías fundamentales, independientemente del género de la persona afectada.
La moral talibán como mecanismo de control sobre las mujeres
El episodio ocurre dentro de un sistema de restricciones que los talibanes han ampliado desde su regreso al poder en agosto de 2021. La llamada Ley de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, promulgada en 2024, estableció normas obligatorias sobre la conducta pública y amplió las facultades de los agentes de moralidad para vigilar la vestimenta, movilidad y comportamiento de las mujeres. Entre otras disposiciones, contempla requisitos sobre la cobertura corporal y restricciones relacionadas con la voz y la presencia de las mujeres en espacios públicos.
A estas medidas se suma el requisito del mahram, entendido como un acompañante masculino de la familia, que ha limitado la libertad de movimiento de las mujeres y niñas. Amnistía Internacional ha documentado que esta exigencia afecta actividades cotidianas y puede obstaculizar el acceso a servicios esenciales, incluidos el trabajo y la atención sanitaria. La organización también ha señalado que las restricciones pueden aplicarse de manera arbitraria y derivar en detenciones por aparecer en público sin un mahram.
Por ello, el problema no se limita a una discusión sobre una prenda de vestir. Cuando las autoridades convierten la vestimenta, la movilidad, la voz o la necesidad de contar con un acompañante masculino en condiciones para acceder al espacio público, estas normas afectan directamente la autonomía de las mujeres y su capacidad para participar en la vida social.
A medida que aumentan las detenciones y las restricciones, también crecen el temor y la sensación de inseguridad entre las mujeres afganas. Estudios recientes de organismos internacionales de derechos humanos han señalado que cada vez menos mujeres salen de sus hogares, lo que contribuye a su progresivo aislamiento y exclusión de la vida pública en Afganistán.
De Kabul a Herat: un patrón de restricciones y detenciones
Lo ocurrido con estas mujeres afganas detenidas en Kabul tampoco aparece como un episodio aislado. En junio de 2026, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) expresó su preocupación por la detención de al menos 30 mujeres en Herat entre el 6 y el 7 de junio, por incumplir instrucciones relacionadas con la vestimenta. Las mujeres fueron liberadas posteriormente; sin embargo, Naciones Unidas advirtió sobre el impacto de estas detenciones tanto en ellas como en sus familias.
Asimismo, Amnistía Internacional ha documentado durante 2026 la continuidad de las detenciones efectuadas por la policía de moralidad talibán por supuestas infracciones del código de vestimenta. Según la organización, estas prácticas forman parte de un entramado más amplio de normas que restringen los derechos de mujeres y niñas en ámbitos como la educación, el empleo, la movilidad, el acceso a la justicia y la participación en la vida pública.
La dimensión histórica también resulta relevante. Antes del retorno talibán en 2021, Afganistán enfrentaba graves desigualdades y violencia contra las mujeres, aunque contaba con instituciones, leyes y mecanismos estatales destinados a atender algunas de esas violaciones. Tras la llegada de los talibanes, varias de esas estructuras fueron desmanteladas y sustituidas por decretos y disposiciones que han restringido de manera progresiva la autonomía de mujeres y niñas.
La persecución de género y la responsabilidad internacional
Las restricciones tampoco se limitan a la vestimenta. Desde el regreso de los talibanes al poder, mujeres y niñas han sido excluidas de la educación secundaria y superior, mientras enfrentan severas limitaciones para trabajar, desplazarse y participar plenamente en la vida pública. En septiembre de 2026, 42 países y la Unión Europea pidieron a las autoridades talibanes levantar las restricciones contra mujeres y niñas y denunciaron políticas de discriminación y represión sistemática.
Expertos de Naciones Unidas y especialistas en derecho internacional han advertido que el conjunto de estas políticas constituyen una persecución de género, considerada un crimen de lesa humanidad cuando se cumplen los elementos establecidos por el derecho internacional. Esta calificación no depende de un único arresto, sino del análisis del conjunto de políticas y prácticas y de su posible carácter sistemático contra una población determinada.
En este escenario, que mujeres participen como agentes de la policía de moralidad no modifica el contenido de las normas que deben hacer cumplir ni elimina sus efectos sobre los derechos de otras mujeres. Su participación muestra, además, cómo el sistema de vigilancia puede incorporar a mujeres dentro de las estructuras encargadas de aplicar estas disposiciones. El régimen busca la normatividad del apartheid de género.
A cinco años del regreso de los talibanes al poder, la presencia de mujeres dentro de los mecanismos de aplicación de estas normas también evidencia el proceso de institucionalización de un modelo que regula la vestimenta, movilidad y presencia femenina en el espacio público. La cuestión central no es quién ejecuta las órdenes, sino qué derechos restringen esas normas y qué consecuencias enfrentan las mujeres que no las cumplen.
En este sentido, las mujeres afganas detenidas en Kabul forman parte de un panorama más amplio de restricciones que organismos internacionales han relacionado con la discriminación sistemática contra mujeres y niñas. La utilización de agentes mujeres para hacer cumplir estas disposiciones no transforma su carácter restrictivo ni evita que el sistema limite la autonomía femenina.
¿Qué ocurrió con las mujeres detenidas en Kabul?
Hasta el momento, las autoridades talibanes no han ofrecido públicamente una explicación sobre las razones específicas de las detenciones del 24 de septiembre. Cuatro de las mujeres fueron liberadas después de la revisión de sus teléfonos y de que sus familias ofrecieran garantías, mientras que otras 16 permanecían bajo custodia según las fuentes citadas.
La ausencia de información oficial deja sin esclarecer qué conducta concreta habría motivado las detenciones y bajo qué fundamento legal fueron trasladadas las mujeres. Mientras tanto, el video difundido registra la intervención de agentes talibanes y vuelve a poner en discusión cómo estas prácticas pueden generar temor entre las mujeres y contribuir a que cada vez menos se sientan libres de salir, participar y ocupar espacios públicos en Afganistán.
Para más noticias sobre la resistencia de las mujeres afganas, da click aquí
