En los últimos meses se han publicado diversos reportajes e informes sobre la crisis sanitaria en Afganistán, especialmente sobre el deterioro de la atención médica que reciben las mujeres afganas bajo el régimen talibán. A cinco años de su regreso al poder, contamos con más investigaciones, pero conocemos cada vez menos historias personales, ya que resulta sumamente difícil llegar hasta estas mujeres o que ellas mismas puedan compartir sus historias.
Gracias al trabajo de grandes medios de comunicación y organismos internacionales, hemos podido conocer parte de lo que ocurre en ciudades como Kabul, Herat y Kandahar. Sin embargo, sabemos muy poco sobre la situación en otras provincias, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso de periodistas y organizaciones humanitarias sigue siendo limitado. A esto se suman los conflictos armados, la violencia de grupos terroristas y las restricciones a la prensa, que dificultan todavía más las labores periodísticas y humanitarias. Muchas historias de mujeres permanecen invisibilizadas, incluso cuando los ataques y bombardeos también las afectan directamente. Los testimonios y reportajes a los que hemos tenido acceso revelan cómo el apartheid de género impuesto por el régimen talibán profundiza distintas formas de violencia, discriminación y privaciones contra las mujeres afganas. Estas problemáticas merecen investigaciones propias, como sucede con el suicidio de mujeres afganas, un tema que ya abordamos en otro artículo.
En esta ocasión, quiero centrarme en las mujeres embarazadas en Afganistán, pues me parece especialmente preocupante que, entre las investigaciones recientes sobre la crisis sanitaria, cada vez encontremos más reportes sobre muertes durante el parto, pérdidas fetales y complicaciones obstétricas, además de la escasez de medicamentos y la falta de médicas y parteras. Es importante señalar que muchas de estas dificultades no comenzaron con el regreso de los talibanes, ya que Afganistán ha enfrentado décadas de conflictos armados, pobreza y desplazamientos. Sin embargo, las restricciones impuestas durante los últimos cinco años han agravado las condiciones en las que las mujeres atraviesan sus embarazos y buscan atención médica. Si los testimonios y datos que conocemos de algunas provincias ya muestran una situación tan crítica, resulta inevitable preguntarse qué estará ocurriendo en aquellas regiones de las que apenas recibimos información. Esta incertidumbre es todavía más alarmante ante las advertencias de organismos humanitarios sobre el deterioro de la salud materna. Por ello, considero necesario visibilizar las dificultades que enfrentan estas mujeres y cuestionar las políticas del régimen talibán que ponen en riesgo sus vidas y vulneran sus derechos.
Los riesgos del embarazo aumentan ante la falta de atención médica
Afganistán ha registrado durante décadas una de las tasas de mortalidad materna más elevadas del mundo, incluso antes de la primera llegada de los talibanes al poder en la década de los 90s. Sin embargo, su regreso en 2021 agravó la crisis sanitaria, especialmente para las mujeres afganas, cuyas vidas han quedado cada vez más expuestas a las políticas discriminatorias del régimen. Las restricciones impuestas han socavado los avances en la atención materna y convertido complicaciones médicas prevenibles en riesgos mortales, mientras se les niega progresivamente el acceso a servicios esenciales de salud. En este caso a las mujeres embarazadas en Afganistán.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), aproximadamente una mujer muere cada dos horas por complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el posparto. Aunque estas cifras permiten comprender la gravedad de la situación, también debemos recordar que detrás de cada muerte hay una mujer con una historia propia, una familia, experiencias y proyectos de vida que difícilmente llegaremos a conocer, especialmente ante la falta de registros completos y las dificultades para documentar la mortalidad materna bajo el régimen talibán.
La falta de atención prenatal representa uno de los principales problemas para las mujeres embarazadas en Afganistán, ya que las consultas médicas son fundamentales para detectar complicaciones y prevenir riesgos durante la gestación. De acuerdo con datos de la UNFPA, publicados en junio de 2026, solamente una de cada cuatro embarazadas recibe cuatro o más consultas prenatales. Esta situación resulta particularmente preocupante ante la inseguridad alimentaria que afecta al país, donde muchas mujeres padecen anemia, desnutrición o enfermedades previas que requieren seguimiento médico especializado.
A esto se suman las dificultades para acceder incluso a consultas básicas. Estas se relacionan con la pobreza, los costos del transporte, las largas distancias y la escasez de establecimientos médicos. En las comunidades rurales, llegar a un hospital puede requerir varias horas de viaje. Un ejemplo aparece en un reportaje de France 24, difundido a principios de este mes, que documenta la experiencia de Mursal, una mujer embarazada de 38 años que, después de haber dado a luz en varias ocasiones en su vivienda, espera poder acudir a un hospital durante su próximo parto para proteger tanto su salud como la de su bebé. El centro médico más cercano donde puede recibir atención obstétrica se encuentra lejos de su comunidad y los gastos de traslado representan una dificultad económica para ella. Su historia nos muestra una parte de la realidad que enfrentan muchas otras embarazadas, para quienes recibir asistencia durante el embarazo y el parto depende de sus posibilidades económicas, de la distancia que las separa de los hospitales y de la disponibilidad de personal sanitario femenino.
La falta de atención oportuna puede tener consecuencias irreversibles cuando una mujer presenta hemorragias, infecciones, hipertensión asociada al embarazo u otras complicaciones obstétricas que requieren una intervención inmediata. La escasez de medicamentos esenciales, las limitaciones para realizar transfusiones sanguíneas y la falta de especialistas agravan estos riesgos. Los partos obstruidos, por ejemplo, pueden provocar lesiones permanentes, entre ellas la fístula obstétrica, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede ocasionar incontinencia y afectar gravemente la salud física y las relaciones sociales de las mujeres que la padecen. Estas consecuencias aparecen en los escasos testimonios que logran documentarse en las provincias más alejadas, como revela una investigación publicada en octubre de 2026 por el medio Rukhshana, que recogió casos de muertes maternas y pérdidas de bebés relacionadas con las demoras en la atención médica, la falta de especialistas y las deficiencias de los establecimientos sanitarios en zonas rurales.
Entre los casos documentados se encuentra el de Azizgul, una mujer que comenzó a presentar complicaciones durante el parto en su vivienda y cuya familia tuvo que trasladarla sobre un burro durante tres horas hasta la clínica más cercana. Cuando finalmente consiguió llegar, sufría una hemorragia grave y el establecimiento carecía del personal y los equipos necesarios para atenderla, por lo que fue enviada a un hospital. Según los testimonios recopilados, tanto Azizgul como su bebé murieron antes de recibir el tratamiento que necesitaban. El mismo reportaje recuperó la experiencia de Masouma, una mujer embarazada de 24 años que acudió al Hospital Provincial de Faizabad, en Badakhshan, con complicaciones que requerían una cesárea urgente, pero al llegar encontró ocho pacientes antes que ella. Aunque finalmente fue intervenida, su bebé ya había fallecido. Según la investigación, la unidad de maternidad de este hospital atiende hasta 100 mujeres diariamente y dispone de una sola persona especializada en obstetricia por turno, lo que muestra la presión que enfrenta el personal sanitario y las dificultades para responder oportunamente a las emergencias obstétricas.
Las condiciones del mismo establecimiento fueron descritas por Alia, una antigua enfermera que regresó como paciente durante su embarazo y que, a partir de su experiencia profesional, pudo identificar algunas de las deficiencias que enfrentaban las mujeres hospitalizadas. En su testimonio relató que encontró una sala de admisiones con escaso personal cualificado, voluntariado con poca experiencia y carencias de suministros básicos. Denunció, además, que las pacientes con menos recursos permanecían en los pasillos, algunas con fuertes dolores, sin recibir la asistencia que necesitaban. Otras fuentes médicas señalaron problemas de mantenimiento de los equipos y el despido de profesionales sanitarias por parte de las autoridades talibanas.
Las prohibiciones talibanas agravan las complicaciones del embarazo
Las restricciones impuestas por las autoridades talibanas tienen consecuencias directas sobre la atención médica de las mujeres embarazadas. Desde su regreso al poder, el líder supremo del régimen talibán, Hibatullah Akhundzada, ha emitido numerosos decretos y disposiciones que regulan distintos aspectos de la vida de las afganas. Aunque sus órdenes tienen carácter obligatorio, su aplicación varía entre provincias debido al margen de interpretación de los mulás y las autoridades locales, lo que dificulta conocer su verdadero alcance. A ello se suman las denuncias de abusos de poder, la imposición arbitraria de sanciones y las restricciones a la prensa, que obstaculizan las investigaciones independientes y limitan la documentación de las consecuencias de estas políticas sobre la vida y la salud de las mujeres.
Una de las disposiciones más preocupantes implementadas por Akhundzada es la Ley para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, promulgada en agosto de 2024, que reforzó las restricciones relacionadas con la vestimenta, la movilidad y la interacción entre mujeres y hombres. Según investigaciones de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), en determinadas provincias las autoridades han ordenado a hospitales y clínicas negar atención médica a mujeres que acudan sin un acompañante masculino, conocido como mahram. Aunque estas medidas no se aplican de manera uniforme en todo el país, existen casos documentados de pacientes a quienes se les ha impedido ingresar a establecimientos sanitarios o recibir tratamiento por no cumplir con estas exigencias.
Durante una emergencia obstétrica, estas restricciones pueden tener consecuencias mortales. Una mujer que presenta una hemorragia, necesita una cesárea urgente o enfrenta complicaciones durante el parto puede encontrar obstáculos para trasladarse a un hospital o recibir atención de un médico varón. Las trabajadoras sanitarias enfrentan dificultades similares, pues en algunas provincias deben contar con acompañamiento masculino para acudir a sus empleos. Esto genera una contradicción preocupante, ya que mientras se restringe la atención de pacientes por parte de profesionales varones, se dificulta el trabajo de las mujeres que podrían atenderlas. Las disposiciones del régimen pueden retrasar la asistencia médica precisamente cuando sus vidas y las de sus bebés dependen de una intervención inmediata.
En diciembre de 2024, las autoridades talibanas prohibieron que las mujeres continuaran su formación en instituciones de educación médica, incluidas las especialidades de enfermería. La medida cerró una de las últimas alternativas educativas disponibles para las mujeres afganas y volvió a poner en evidencia las falsas promesas del régimen. Luego de reasumir el poder, los talibanes aseguraron que respetarían la educación femenina, pero terminaron excluyendo a las niñas y mujeres de la enseñanza secundaria y universitaria. Después prometieron permitir su formación en áreas de salud, algo que tampoco cumplieron. En ambas ocasiones, sus declaraciones fueron contradichas por sus propias decisiones. Esta última prohibición interrumpió la preparación de miles de jóvenes que aspiraban a convertirse en profesionales sanitarias y comprometió la disponibilidad futura de médicas, enfermeras y parteras en un país donde las restricciones de género dificultan que muchas pacientes reciban atención de profesionales varones.
Según un análisis publicado por UNICEF en abril de 2026, Afganistán podría perder hasta 5,400 trabajadoras sanitarias para 2030 si continúan las restricciones educativas y laborales. Esta proyección permite dimensionar los efectos de impedir que nuevas generaciones de afganas se preparen para ejercer estas profesiones. Algunas jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios cuando ya habían avanzado en su formación; otras ni siquiera tuvieron la oportunidad de ingresar a una institución educativa. Por su parte, las profesionales que actualmente sostienen los servicios de salud enfrentan obstáculos para continuar trabajando, en un momento en que el país necesita personal especializado en atención materna.
La ginecóloga Najmussama Shefajo, quien dirige una clínica privada en Kabul y cuya experiencia fue documentada por France 24, ha expresado su preocupación por estas condiciones. La especialista advirtió sobre el aumento de pacientes y las dificultades que enfrenta para atender a mujeres con escasos recursos económicos. Explicó que había incorporado a jóvenes estudiantes de enfermería y partería como trabajadoras de su clínica para que pudieran continuar su formación práctica pese a las prohibiciones educativas. Su trabajo deja en claro, que los establecimientos médicos siguen necesitando personal femenino capacitado, precisamente cuando las autoridades impiden que nuevas generaciones de afganas accedan a estas profesiones.
Los esfuerzos del régimen talibán por conseguir cooperación sanitaria internacional revelan otra contradicción. Durante 2026, sus autoridades han mantenido conversaciones con países como Rusia, China, Bielorrusia y Turquía para solicitar apoyo en materia de formación profesional, equipamiento médico, medicamentos e intercambio de conocimientos. En julio, el ministro talibán de Educación Superior, Neda Mohammad Nadeem, incluso solicitó a Turquía el envío de docentes universitarios y médicos especialistas para fortalecer la enseñanza y la capacitación práctica en Afganistán. Resulta cuestionable que las autoridades busquen profesionales y recursos fuera del país mientras impiden que las propias mujeres afganas se preparen y ejerzan profesiones con las que podrían contribuir a cubrir las necesidades sanitarias de sus comunidades.
Estas políticas plantean, además, serios cuestionamientos sobre la autonomía reproductiva de las mujeres afganas, pues pareciera que las autoridades talibanas esperan que su único papel en la sociedad sea convertirse en esposas y madres, como si fueran simples «máquinas de tener bebés», sin derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida. Lo que sigue de preocupante es que, mientras se les reduce a la maternidad, ni siquiera se les garantizan las condiciones necesarias para atravesar un embarazo y un parto de manera segura, aun cuando las consecuencias pueden costarles la vida.
Los llamados «matrimonios infantiles» afectan la salud de las niñas y adolescentes embarazadas
Como he mencionado en otros artículos e investigaciones, detesto el término “matrimonio infantil”. Aunque es una expresión utilizada internacionalmente, considero necesario aclarar, especialmente para quienes me leen por primera vez, que no estamos hablando simplemente de niñas y niños que deciden casarse entre sí. En numerosos casos, estas uniones involucran a hombres adultos y niñas o adolescentes que se encuentran en relaciones profundamente desiguales de poder, donde no puede hablarse de una decisión libre. Cuando una niña es entregada a un adulto para convertirse en su esposa, estamos ante una forma de violencia y explotación sexual que no debería justificarse ni legitimarse bajo ninguna ley, costumbre o tradición. Esto es violación.
En Afganistán, estas prácticas no comenzaron con el regreso de los talibanes, ya que durante décadas han estado relacionadas con la pobreza, los acuerdos familiares y las estructuras patriarcales que limitan la autonomía de las niñas. Las restricciones educativas y la falta de oportunidades bajo el régimen actual pueden aumentar su vulnerabilidad frente a matrimonios impuestos por sus familias, sobre todo cuando son consideradas una carga económica o una fuente de ingresos. Además de perder su infancia y sus oportunidades educativas, muchas quedan expuestas a relaciones sexuales y embarazos a edades tempranas, sin haber tenido la posibilidad de decidir sobre su propia maternidad.
Una investigación publicada por la organización humanitaria World Vision documentó la experiencia de Laila, una niña afgana de la provincia de Herat que fue obligada a casarse. Creció en una familia numerosa que enfrentaba graves dificultades económicas y alimentarias, hasta que su padre acordó casarla con un hombre adulto que pagó 500,000 afganis, equivalentes a unos 7,193 dólares estadounidenses. Cuando llegó a la vivienda de su violentador, descubrió que él ya tenía otras dos esposas y, posteriormente, supo que cuatro de sus hermanas también habían sido forzadas a contraer matrimonio.
Al momento de compartir su historia con World Vision, Laila tenía 15 años y era madre de Aria, una bebé de cinco meses. La adolescente relató que durante su embarazo sufrió dolores constantes en las piernas y la espalda, además de náuseas, mareos y miedo ante la llegada del parto. Finalmente pudo recibir asistencia en una clínica apoyada por la organización, donde una partera la acompañó durante el nacimiento de su hija. Su experiencia permite comprender algunos de los riesgos que enfrentan las niñas obligadas a contraer matrimonio, ya que los embarazos durante la adolescencia pueden aumentar las probabilidades de desarrollar complicaciones graves, como eclampsia e infecciones. Sus bebés presentan mayores riesgos de nacimiento prematuro y bajo peso, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). A estas consecuencias se añaden los efectos físicos y psicológicos de la violencia sexual y la pérdida de autonomía sobre sus propios cuerpos.
La historia de Laila no termina con su matrimonio ni con el nacimiento de Aria. Durante una consulta posterior, compartió sus preocupaciones sobre la alimentación, la salud y el futuro de su hija. Explicó que nunca había tenido la oportunidad de asistir a la escuela y que deseaba que Aria pudiera recibir la educación que a ella le fue negada. A pesar de haber sido privada de decisiones fundamentales desde la infancia, Laila todavía expresa deseos y aspiraciones para su hija, a quien espera ofrecerle oportunidades que ella misma no tuvo
La crisis de salud de las niñas afganas genera mayor preocupación ante el Decreto n.º 18, publicado por las autoridades talibanas en mayo de 2026, que regula las condiciones para solicitar la separación matrimonial, apenas la niña pueda menstruar, pero no establece una edad mínima para contraer matrimonio. Entre sus disposiciones más cuestionadas se encuentra la posibilidad de interpretar el silencio de una niña como consentimiento para continuar en una unión matrimonial. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y Amnistía Internacional han advertido que esta normativa facilita la legitimación de matrimonios contraídos durante la infancia y dificulta que las niñas puedan abandonarlos. Es necesario recordar que comenzar a menstruar o alcanzar la pubertad no significa haber dejado de ser una niña ni contar con la madurez necesaria para consentir libremente un matrimonio o una relación sexual.
Me parece especialmente grave que el silencio de una niña pueda interpretarse como consentimiento, cuando puede permanecer callada por miedo, desconocimiento, amenazas o presiones familiares, sobre todo si otras personas han decidido con quién debe casarse. Incluso puede ocurrir que nunca haya tenido la oportunidad de expresar lo que realmente desea. En estas circunstancias, el silencio no debería convertirse en una autorización para que los adultos decidan sobre su cuerpo, su sexualidad y su futuro. Las relaciones de poder y dependencia en las que se encuentran muchas niñas las exponen a situaciones de violencia de las que difícilmente pueden escapar, incluidos embarazos que ponen en riesgo su salud y su vida.
Los recortes internacionales también ponen en riesgo la vida de las mujeres embarazadas
La crisis de salud de mujeres embarazadas en Afganistán no puede atribuirse únicamente a las políticas del régimen talibán. Durante décadas, el sistema sanitario ha dependido de la cooperación internacional para mantener hospitales, formar profesionales y garantizar servicios médicos, en un país marcado por conflictos armados, intervenciones extranjeras y una prolongada crisis económica. Numerosos gobiernos suspendieron la cooperación directa cuando los talibanes asumieron el poder. Los recortes de financiación estadounidense y europea empeoraron esta situación, al provocar el cierre de establecimientos sanitarios, la pérdida de personal y la interrupción de servicios esenciales para las mujeres embarazadas.
En agosto de 2026, una investigación de Refugees International documentó 161 muertes prevenibles relacionadas con la interrupción de servicios sanitarios tras los recortes de ayuda estadounidense, entre ellas 80 fallecimientos maternos y 30 muertes de recién nacidos o fetos. El informe reunió testimonios de 555 profesionales de la salud de 30 provincias y examinó registros de más de 320 establecimientos médicos. Sin embargo, las cifras corresponden únicamente a los casos identificados durante la investigación y no reflejan la totalidad de las defunciones ocurridas en Afganistán. La magnitud real de las consecuencias de estos recortes sigue siendo desconocida, por lo que el número de muertes podría ser considerablemente mayor.
Entre las experiencias documentadas se encuentra la de Halima, una mujer que se encontraba en el último trimestre de su embarazo cuando acudió al Hospital Ahmad Shah Baba, en Kabul, para recibir atención obstétrica de urgencia. La unidad de maternidad había quedado prácticamente sin funcionamiento tras los recortes, por lo que fue enviada al Hospital Rabia Balkhi. Su estado de salud empeoró durante el traslado y falleció antes de llegar. Según explicó Nazifa, una partera entrevistada por Refugees International, el establecimiento contaba anteriormente con 52 parteras, pero después de perder su financiación solamente permanecían una o dos para atender aproximadamente 100 partos por turno.
En una comunidad rural de Nimruz, la hermana de Gull comenzó el trabajo de parto cuando su familia descubrió que el centro sanitario más cercano había cerrado por falta de financiación. Su experiencia fue recuperada por el mismo informe. Después de conseguir transporte y recorrer varias horas hasta el hospital provincial, la mujer enfrentó nuevas demoras debido a la escasez de personal médico y falleció aproximadamente dos horas después de su llegada. Sus gemelos nacieron sin vida. Este caso muestra cómo las decisiones presupuestarias tomadas fuera de Afganistán pueden tener consecuencias mortales para mujeres que dependen de servicios sanitarios financiados mediante la cooperación internacional.
De las 383 parteras encuestadas por Refugees International, 260 habían perdido sus empleos tras los recortes estadounidenses, lo que afectó sus ingresos y redujo la disponibilidad de profesionales capaces de atender a las mujeres embarazadas. Resulta preocupante que los gobiernos que durante años contribuyeron a financiar el sistema sanitario afgano retiren recursos de manera abrupta, pese a conocer las consecuencias que estas decisiones pueden tener sobre la salud y la vida de las mujeres. Aunque las políticas de financiación internacional y las prohibiciones impuestas por los talibanes responden a responsabilidades y mecanismos diferentes, ambas agravan una crisis que amenaza la atención materna. Las mujeres afganas no deberían pagar con sus vidas las consecuencias de las políticas de un régimen que vulnera sus derechos ni de las decisiones de gobiernos extranjeros que modifican sus prioridades mientras persiste la emergencia sanitaria.
Las mujeres afganas continúan sosteniendo la atención materna
A pesar de las restricciones impuestas por los talibanes y del deterioro de los servicios sanitarios, las mujeres afganas continúan organizándose para proteger la salud materna en sus comunidades. Considero importante reconocer estas iniciativas porque los reportajes internacionales suelen concentrarse en las prohibiciones y sus consecuencias, mientras conocemos mucho menos sobre las formas de resistencia de las propias mujeres afganas, quienes comparten conocimientos, se apoyan y buscan alternativas para ejercer sus profesiones. El reportaje de France 24 presenta el trabajo de Mariam, una mujer capacitada por una organización humanitaria que visita a embarazadas de su comunidad para evaluar su estado de salud, identificar señales de riesgo y orientarlas sobre los cuidados prenatales. En estas actividades participan otras madres, como Kulkoi, quien compartió la experiencia de haber perdido a dos de sus hijos por causas que relaciona con la falta de atención médica y la desnutrición, con la intención de ayudar a otras mujeres a reconocer posibles complicaciones.
Otra experiencia fue documentada por World Vision a través de Amina, una partera afgana que acompañó a Laila durante el nacimiento de su hija en una clínica apoyada por la organización. Su trabajo forma parte de los esfuerzos para mantener servicios de atención materna en comunidades con dificultades para acceder a hospitales, al igual que las casas comunitarias de salud y los equipos móviles respaldados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), donde parteras y trabajadoras sanitarias afganas continúan brindando asistencia a las embarazadas. Estas iniciativas demuestran la importancia de su participación en la atención médica, aunque también dependen de recursos y condiciones que no siempre están garantizados.
La resistencia también continúa en la educación. Una investigación publicada por The BMJ en septiembre de 2026 documentó que al menos 7,000 afganas seguían preparándose para ejercer profesiones sanitarias mediante programas virtuales, escuelas clandestinas y oportunidades limitadas de formación práctica en hospitales. Sin embargo, muchas enfrentan riesgos por estudiar en secreto y dificultades para obtener acreditaciones oficiales, lo que demuestra que las prohibiciones no han eliminado sus aspiraciones profesionales, pero sí las han obligado a buscar alternativas que pueden comprometer su seguridad y su futuro.
Tampoco considero que debamos romantizar estas formas de resistencia, pues estudiar clandestinamente, trabajar bajo amenazas o atender a mujeres embarazadas con recursos insuficientes son condiciones que ninguna mujer debería verse obligada a enfrentar para ejercer sus derechos. Reconocer los esfuerzos de las afganas exige también cuestionar las circunstancias que las obligan a arriesgar su seguridad y su futuro. Son profesionales, estudiantes y defensoras de sus comunidades, con conocimientos y aportaciones que merecen reconocimiento. Su capacidad para resistir no debe convertirse en una justificación para normalizar las injusticias que enfrentan ni para reducir sus historias al sufrimiento provocado por las políticas talibanas.
Las historias que todavía no conocemos
Después de revisar estos informes e investigaciones, sigo pensando en todas las mujeres afganas cuyas experiencias permanecen fuera de las noticias. Conocemos algunas historias gracias al trabajo de periodistas, médicas, parteras y organizaciones humanitarias que todavía consiguen acceder a determinadas comunidades, pero desconocemos muchas otras, sobre todo las de quienes nunca logran llegar a un establecimiento médico o no tienen la oportunidad de contar lo que ocurre en sus vidas. Por eso, considero importante recuperar sus testimonios y no limitarnos a las cifras de los informes, ya que existen experiencias que merecen ser escuchadas y documentadas.
A lo largo de este artículo hemos conocido parte de las historias de Mursal, Laila, Azizgul, Masouma, Alia y otras mujeres que enfrentaron distintas dificultades durante sus embarazos. Algunas sobrevivieron y continúan lidiando con las consecuencias de una atención médica insuficiente; otras fallecieron por complicaciones que pudieron haberse tratado oportunamente. Aun así, sabemos muy poco sobre quiénes eran fuera de estas experiencias. Varios de los nombres utilizados en las investigaciones son seudónimos elegidos para proteger su identidad, lo que nos recuerda los riesgos que enfrentan las mujeres que comparten sus testimonios y las dificultades de las periodistas para documentarlos.
Pero hay algo que considero fundamental señalar: las mujeres no comienzan a existir cuando se convierten en víctimas de una injusticia. Antes de aparecer en una investigación periodística, tenían una vida propia, relaciones familiares, conocimientos, preocupaciones y proyectos que no deberían quedar reducidos a las circunstancias que las llevaron a las noticias. Algunas pudieron haber sido estudiantes, trabajadoras o profesionales, mientras que otras quizá deseaban continuar estudiando, encontrar empleo o simplemente vivir con tranquilidad. No podemos conocer todas sus aspiraciones ni atribuirles experiencias que desconocemos, pero precisamente por eso resulta importante recordar que sus historias les pertenecen a ellas, incluso cuando solamente conseguimos documentar una pequeña parte.
El trabajo de las periodistas afganas, las profesionales sanitarias y las organizaciones que mantienen contacto con estas comunidades resulta fundamental para denunciar las violaciones de derechos humanos y preservar los testimonios de las mujeres frente al silencio impuesto por las restricciones y la falta de información. Proteger su labor significa defender el derecho de las afganas a contar sus propias historias, denunciar las condiciones en las que viven y participar en las decisiones relacionadas con su salud y su futuro, sin que otras personas hablen siempre en su nombre.
Mientras estas condiciones no estén garantizadas, muchas mujeres continuarán siendo recordadas únicamente por las circunstancias de sus muertes, cuando sus vidas fueron mucho más que eso. Reconocer su existencia y sus derechos no debería depender de que sus historias terminen en una tragedia.
Ninguna mujer debería tener que morir durante el embarazo o el parto para que finalmente prestemos atención a su vida.
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