Azra Alam, periodista de Samaa TV, fue enviada a prisión preventiva junto con sus dos hermanas y otras 85 personas tras una manifestación celebrada el 31 de julio en F-10 Markaz, Islamabad, en solidaridad con las protestas de Cachemira. El Tribunal Especial Antiterrorista ordenó el 7 de agosto una remisión judicial de 14 días para las 88 personas detenidas, mientras las autoridades investigan su presunta participación en una concentración que la Policía calificó de no autorizada y en la que, según su denuncia, hubo bloqueos de calles, enfrentamientos y daños materiales.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos, especialmente porque las detenciones se producen en un contexto de creciente presión sobre quienes informan o protestan en torno a la situación de la Cachemira administrada por Pakistán. La inclusión de una periodista entre los acusados vuelve a colocar en el centro del debate la utilización de herramientas legales destinadas a combatir el terrorismo para procesar hechos vinculados con movilizaciones políticas y sociales.
Azra Alam y sus hermanas, entre las personas detenidas
Entre las personas enviadas a prisión preventiva se encuentran Azra Alam, Safiya Alam y Naseem Alam. La primera, Azra Alam, trabaja para Samaa TV y también ha desarrollado actividades vinculadas con la defensa de los derechos humanos y la visibilización de la situación en Cachemira.
La denuncia policial, registrada como FIR 648/2026 en la comisaría de Shalimar, acusa a las manifestantes de participar en una reunión no autorizada, bloquear vías públicas, enfrentarse a agentes policiales y provocar daños. La causa incorpora numerosos artículos del Código Penal de Pakistán, disposiciones de la Ley de Reuniones Pacíficas y Orden Público de 2024 y artículos de la Ley Antiterrorista.
Según la versión policial, alrededor de 400 o 500 personas se concentraron en F-10 Markaz durante la tarde del pasado 31 de julio. Las autoridades sostienen que algunos dirigentes llamaron a los manifestantes a avanzar hacia Jinnah Avenue pese a las restricciones vigentes en Islamabad y que posteriormente se produjeron actos violentos.
Sin embargo, la existencia de acusaciones policiales no elimina la obligación del Estado de garantizar el debido proceso, individualizar las responsabilidades y demostrar ante un tribunal independiente la participación concreta de cada persona detenida. La prisión preventiva no debería convertirse en una forma anticipada de castigo.
Anteriormente, Azra Alam ya había denunciado en sus redes sociales la crisis por la que atraviesa Cachemira. En sus publicaciones, señalaba que no había hospitales ni escuelas y que, aun así, la población salía a las calles con el temor de ser asesinada por las fuerzas de seguridad.
“Nadie hace esto por gusto (protestar), sabiendo que, si vamos a esta protesta, hay fuerzas desplegadas allí que nos pueden matar; podemos perder la vida”. —Azra Alam.
La orden judicial establece que la prisión preventiva permitirá realizar una rueda de reconocimiento para determinar la participación de los acusados. El procedimiento será especialmente relevante para evitar que una detención colectiva termine transformándose en una condena colectiva.
Censura a periodistas
Antes de que se conociera la orden judicial contra las 88 personas detenidas, entre ellas Azra Alam, los periodistas independientes Razi Tahir y Muhammad Saif habían sido reportados como desaparecidos tras ser detenidos el 1 de agosto. Posteriormente, ambos aparecieron entre las personas presentadas ante el Tribunal Antiterrorista.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha expresado preocupación por las condiciones en las que periodistas locales e internacionales están cubriendo las protestas en Cachemira. La organización también cuestionó las nuevas directrices gubernamentales que establecen requisitos de autorización para periodistas que trabajen fuera de Islamabad, Lahore y Karachi.
Las disposiciones afectan incluso a periodistas pakistaníes que colaboran con medios extranjeros y pueden limitar su capacidad para desplazarse hacia regiones donde ocurren acontecimientos de interés público. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) advirtió que estas medidas podrían institucionalizar el control burocrático sobre la recopilación de información y desalentar el periodismo independiente.
La Federación de Sindicatos de Periodistas de Pakistán (PFUJ) también rechazó las restricciones, mientras que organizaciones internacionales han advertido que impedir que periodistas accedan libremente a determinadas regiones dificulta que la población conozca diferentes versiones de acontecimientos que involucran al propio Estado.
La preocupación se extiende además al ámbito de los medios nacionales. El CPJ condenó el despido de la periodista Munizae Jahangir y la cancelación de su programa Spotlight with Munizae Jahangir, después de 11 años al aire. El episodio ocurrió en un contexto en el que periodistas han denunciado presiones por abordar temas políticamente sensibles, incluidos asuntos relacionados con la oposición y los derechos humanos.
Libertad de prensa y protesta ante una creciente restricción estatal
La acumulación de estos acontecimientos plantea una preocupación que trasciende el caso particular de Azra Alam. Cuando una protesta es respondida mediante detenciones masivas, mientras periodistas enfrentan obstáculos para desplazarse y cubrir los acontecimientos, el problema deja de ser exclusivamente de orden público y pasa a involucrar directamente el derecho de la sociedad a expresarse y recibir información.
El Estado puede establecer límites a determinadas manifestaciones cuando existan razones legítimas de seguridad y orden público, pero esas restricciones deben ser legales, necesarias y proporcionales. El derecho internacional de los derechos humanos no permite convertir las normas destinadas a proteger la seguridad en instrumentos para silenciar la disidencia.
La situación de Azra Alam refleja una tensión fundamental para cualquier sociedad democrática. Su detención puede tener un efecto intimidatorio sobre otros periodistas que busquen cubrir o participar en movilizaciones, especialmente en un contexto donde el bloqueo de medios internacionales limita el acceso de la población local a información independiente.
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