Pakistán puso en riesgo la continuidad educativa de estudiantes afganas de medicina y odontología cuando el Consejo Médico y Odontológico de Pakistán (PMDC) ordenó a las instituciones facilitar el retorno de estudiantes afganas y afganos y prohibió nuevas admisiones. La medida, que afecta tanto a hombres como a mujeres, se produjo en medio de una campaña de deportaciones y del deterioro de las relaciones entre Pakistán y el régimen talibán. La decisión provocó protestas y acciones legales, especialmente por sus consecuencias para las mujeres afganas, quienes, al ser devueltas a Afganistán, no pueden continuar sus estudios universitarios debido a las prohibiciones impuestas por el régimen talibán.
La orden fue suspendida temporalmente por el Tribunal Superior de Lahore el 11 de septiembre, después de que estudiantes presentaran un recurso. La decisión permite que continúen sus estudios, presenten exámenes y permanezcan en sus residencias universitarias mientras el proceso judicial avanza.
Deportaciones y educación en medio de una disputa política
La decisión del PMDC se produjo dentro de una campaña mucho más amplia contra la permanencia de ciudadanos afganos en Pakistán. Más de 2,6 millones de personas afganas fueron expulsadas de Pakistán entre septiembre de 2023 y el 31 de julio de 2026, según la Organización Internacional para las Migraciones. Islamabad sostiene que sus medidas responden a cuestiones migratorias y de seguridad y acusa al régimen talibán de permitir operaciones del Tehreek-e-Taliban Pakistan desde territorio afgano. Kabul rechaza estas acusaciones.
El conflicto entre ambos gobiernos ha incluido enfrentamientos fronterizos y un deterioro diplomático que terminó alcanzando a estudiantes que ya habían construido su trayectoria académica en Pakistán. El PMDC llegó a ordenar que quienes estuvieran matriculados en medicina u odontología regresaran a Afganistán y prohibió nuevas admisiones de estudiantes afganos.
Posteriormente, las autoridades paquistaníes aclararon que quienes cuentan con visas válidas pueden continuar sus estudios. El PMDC informó que había identificado a más de 200 estudiantes afganos, aunque solamente 22 estaban registrados ante el organismo y el estatus documental del resto continuaba bajo revisión, lo que mantiene en riesgo la continuidad educativa de estudiantes refugiados.
Para las estudiantes afganas de medicina, regresar puede significar perder la universidad
Esta situación se convierte en una crisis todavía más grave. Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, las niñas y mujeres afganas han enfrentado restricciones sistemáticas que han limitado su acceso a distintos derechos, como la educación, el empleo y la participación en la vida pública. Las mujeres afganas fueron expulsadas de las universidades en diciembre de 2022 y más de 2,6 millones de niñas afganas permanecen fuera de la educación secundaria, según UNICEF.
Por ello, para las estudiantes afganas de medicina que viven en Pakistán, ser deportadas a Afganistán no significa únicamente abandonar sus estudios. Regresar significa perder la posibilidad de continuar la carrera que ya comenzaron, porque las mujeres tienen prohibido acceder a la educación universitaria bajo el régimen talibán. Human Rights Watch advirtió que una expulsión tendría consecuencias especialmente graves para estas estudiantes, al interrumpir su formación profesional y cerrarles el camino para convertirse en médicas o dentistas.
“No somos muñecas con las que puedan jugar. Esta es nuestra vida.”
— Alishba, estudiante afgana de medicina citada por Al Jazeera.
La pérdida también trasciende los proyectos individuales. Afganistán y Pakistán enfrentan profundas necesidades sanitarias, y las mujeres profesionales de la salud son fundamentales para atender a otras mujeres en un contexto donde las restricciones de género dificultan el acceso a determinados servicios médicos.
Protestas, solidaridad y una batalla que aún no termina
Las estudiantes afectadas llevaron el caso ante los tribunales, mientras estudiantes pakistaníes y organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su rechazo a la medida. Human Rights Watch pidió revertir la orden y cuestionó una política que puede interrumpir carreras profesionales ya iniciadas. Las movilizaciones también mostraron una solidaridad especialmente significativa entre estudiantes pakistaníes y afganas.
El Tribunal Superior de Lahore suspendió temporalmente la aplicación de la directiva y permitió que las estudiantes regresaran a sus actividades académicas. La próxima audiencia está prevista para el 18 de septiembre, por lo que la resolución todavía no representa una solución definitiva.
La situación demuestra los riesgos de utilizar a estudiantes y personas refugiadas como parte de disputas entre Estados. Según el derecho internacional, Pakistán tiene derecho a establecer políticas migratorias y atender sus preocupaciones de seguridad, pero esas políticas deben respetar los derechos humanos y considerar las circunstancias particulares de quienes estudian en el país.
Para las mujeres afganas, además, la situación evidencia una contradicción dolorosa. Mientras la comunidad internacional denuncia las prohibiciones educativas del régimen talibán, algunas de las mujeres que lograron continuar su formación fuera de Afganistán enfrentan ahora nuevas barreras para terminarla.
No es la primera vez que las mujeres afganas se ven afectadas por decisiones relacionadas con las políticas internacionales hacia Afganistán. Recientemente, la Unión Europea se reunió con el régimen talibán para abordar, entre otros temas, la deportación de personas afganas. La ausencia de una defensa clara de las mujeres refugiadas afganas generó indignación entre organizaciones y activistas, especialmente porque sus demandas no se limitan a la educación de miles de mujeres dentro de Afganistán, sino también a garantizar sus derechos y oportunidades para quienes se encuentran fuera del país.
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