Una biblioteca en Baluchistán fue cerrada. Decenas de estudiantes, profesores y habitantes de la ciudad de Khuzdar, en la provincia de Baluchistán, Pakistán, permanecen desde finales de julio de 2026 frente a la Allama Muhammad Umer Din Puri Digital Library, luego de que la administración distrital ordenara su clausura y bloqueara el acceso al recinto.
Las y los manifestantes mantienen una protesta pacífica para exigir la reapertura de la biblioteca y denunciar una decisión que, aseguran, vulnera el derecho a la educación y al acceso a la información en una región afectada desde hace años por prolongados apagones de internet y otras restricciones a la conectividad.
Biblioteca en Baluchistán: el cierre que desencadenó una protesta estudiantil
La Allama Muhammad Umer Din Puri Digital Library era uno de los principales espacios educativos de Khuzdar. Para cientos de jóvenes representaba el único lugar donde podían acceder gratuitamente a computadoras, internet y recursos académicos indispensables para continuar sus estudios, presentar solicitudes universitarias o acceder a becas.
Sin embargo, tras una marcha pacífica organizada por estudiantes y docentes para defender sus derechos académicos, la administración del distrito respondió cerrando el edificio con candados e impidiendo el acceso al recinto. Desde entonces, manifestantes permanecen frente a las puertas bloqueadas estudiando sobre el asfalto, convirtiendo la calle en un aula abierta como símbolo de resistencia frente a la negación de su derecho a la educación.
Apagón digital que profundiza la exclusión educativa
El conflicto alrededor de la biblioteca no puede entenderse sin analizar el contexto tecnológico que atraviesa Baluchistán. Durante meses, Khuzdar ha sufrido interrupciones continuas en los servicios de internet móvil. Para enero de 2026, la ciudad acumulaba aproximadamente diez meses sin acceso estable a datos móviles, obligando a estudiantes y trabajadores a depender de conexiones DSL de baja velocidad y constantes fallas técnicas.
Las autoridades pakistaníes han defendido estos cortes argumentando necesidades de seguridad nacional frente a la actividad de grupos armados y movimientos separatistas presentes en la provincia. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado reiteradamente que estas restricciones afectan de manera indiscriminada a millones de civiles ajenos al conflicto.
Las consecuencias son visibles en la vida cotidiana. Jóvenes que intentan presentar solicitudes universitarias no pueden completar formularios en línea; estudiantes pierden clases virtuales; investigadores dejan de acceder a publicaciones científicas y trabajadores independientes ven paralizadas sus fuentes de ingreso por la imposibilidad de conectarse a internet.
El cierre de la biblioteca digital agrava todavía más esa situación, pues elimina uno de los pocos espacios donde aún existía infraestructura tecnológica disponible para la comunidad.
Mujeres baluchis: las principales afectadas por el cierre
Las mujeres baluchis han sido las más perjudicadas por el cierre de la biblioteca. Para muchas estudiantes de Khuzdar, era el único espacio autorizado por sus familias para estudiar con acceso a computadoras e internet, en una sociedad marcada por fuertes normas patriarcales.
Sin conexión móvil y con la biblioteca clausurada, numerosas alumnas que dependen de plataformas digitales vieron interrumpida su formación. En respuesta, decenas de mujeres participan en la protesta frente al edificio con libros y cuadernos en las manos, convirtiendo su presencia en un símbolo de resistencia por el derecho a la educación.
Activistas locales también afirman que la clausura ocurrió poco después de que la biblioteca defendiera la continuidad de espacios de estudio compartidos entre hombres y mujeres, una postura que generó rechazo entre sectores ultraconservadores.
Diversas organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, han advertido que los apagones de internet utilizados como herramienta de control afectan gravemente los derechos humanos. Además de impedir la comunicación entre familias, obstaculizan la documentación de posibles abusos de autoridad, limitan el trabajo periodístico y profundizan el aislamiento de comunidades enteras.
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