Miles de mujeres cachemiras salieron esta semana a las calles de Kotli, Rawalakot, Mirpur y otras ciudades de la Cachemira administrada por Pakistán (Azad Cachemira) para exigir justicia, mayor representación política y el fin de la represión estatal. Las movilizaciones, marcadas por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, han sido denunciadas por organizaciones civiles, que aseguran que decenas de manifestantes murieron por disparos de munición real.
Las mujeres en Azad Cachemira rompen el silencio frente a la violencia estatal
Las imágenes y videos de mujeres cachemiras marchando con banderas y consignas por justicia se han convertido en uno de los símbolos de la crisis en la región. Miles han salido a las calles pese al riesgo de represión para denunciar el deterioro económico, las restricciones políticas y la violencia estatal.
Las protestas, impulsadas por el Joint Awami Action Committee (JAAC), comenzaron con demandas de reformas económicas, mayor representación y autonomía regional, pero se intensificaron tras las elecciones legislativas y el rechazo al actual sistema político.
Organizaciones civiles aseguran que las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes desarmados, dejando decenas de muertos y cientos de heridos. El JAAC reporta al menos 31 fallecidos en la última semana y más de 400 heridos, mientras el gobierno pakistaní reconoce cerca de 20 víctimas. La falta de internet, las restricciones a la prensa y el limitado acceso de observadores independientes impiden confirmar la cifra real.
La participación femenina ha adquirido un papel central en el movimiento. Muchas mujeres protestan por el impacto de la crisis en sus familias, desde escasez de alimentos, aumento de precios, dificultades para acceder a medicamentos y denuncias de detenciones, desapariciones forzadas y arrestos arbitrarios de familiares durante las movilizaciones.
Un conflicto que va más allá de las elecciones
El estallido social responde a varios factores acumulados durante años.
Uno de los principales reclamos gira en torno a los doce escaños reservados en la Asamblea Legislativa para refugiados provenientes de la parte de Cachemira administrada por India que actualmente residen en Pakistán. El JAAC sostiene que este mecanismo permite al gobierno de Islamabad influir de manera decisiva en la política regional y de limitar la representación de quienes viven en el territorio.
La tensión aumentó después de que el Tribunal Supremo local ratificara la permanencia de esos escaños y durante un proceso electoral desarrollado en varias fases por motivos de seguridad. Sectores de la oposición denunciaron fraude electoral y llamaron al boicot, profundizando la polarización política.
A estas demandas se suma el malestar por el elevado costo de la electricidad, a pesar de que la región produce gran parte de su energía mediante centrales hidroeléctricas para la mayoría del país y otros problemas como la inflación y el incremento del precio de productos esenciales.
Para numerosos habitantes, la protesta expresa también una demanda más amplia de autonomía política y de mayor capacidad para decidir sobre el futuro de la región sin la intervención constante del gobierno federal.
Bloqueo informativo y denuncias de impunidad
Uno de los aspectos que más preocupa a organizaciones de derechos humanos es la suspensión prolongada de internet móvil y de diversos servicios de telecomunicaciones.
El apagón dificulta la documentación de posibles violaciones a los derechos humanos, limita la comunicación entre las familias y obstaculiza el trabajo de periodistas independientes y observadores internacionales.
Activistas del JAAC también denunciaron que fuerzas de seguridad retiraron cuerpos de hospitales tras los enfrentamientos para impedir investigaciones posteriores, acusaciones que no han podido verificarse de manera independiente debido a las restricciones de acceso.
Las autoridades pakistaníes rechazan estas denuncias y sostienen que las fuerzas de seguridad respondieron a ataques armados durante los disturbios. Asimismo, han calificado al JAAC como una organización vinculada al terrorismo y afirman que el movimiento recibe apoyo externo, señalamientos que los organizadores niegan.
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