Las mujeres baluchis en Quetta protagonizaron durante ocho días una sentada pacífica en la capital de la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, para exigir justicia por las víctimas del ataque ocurrido el pasado 6 de julio en Ziarat y reclamar el fin de décadas de violencia e impunidad en la región. A la movilización acudieron miles de familiares de las víctimas —principalmente mujeres, junto con sus hijos, hombres y personas mayores— quienes transformaron el duelo colectivo en una manifestación de resistencia civil. La protesta concluyó tras un acuerdo entre los manifestantes y el gobierno provincial que contempla, entre otros puntos, la creación de una comisión judicial para investigar los hechos.
Aunque la movilización surgió a raíz del asesinato de 27 policías durante una serie de ataques armados en Baluchistán, las demandas trascendieron el episodio más reciente. La sentada se convirtió en un espacio donde convergieron años de dolor acumulado por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ataques armados y una creciente militarización que ha marcado la vida cotidiana de miles de familias baluchis.
Las imágenes y videos que circularon desde Quetta mostraron largas filas de mujeres sosteniendo retratos de familiares desaparecidos o asesinados. Muchas estuvieron sentadas con niños en brazos o acompañadas por personas mayores, enviando un mensaje que fue mucho más allá de una protesta coyuntural: la exigencia de vivir sin miedo en una de las regiones más conflictivas de Pakistán.
Las mujeres transformaron el duelo en resistencia colectiva
Durante años, el conflicto interno en Baluchistán ha afectado de manera desproporcionada a hombres jóvenes, estudiantes, periodistas, activistas y líderes comunitarios, quienes frecuentemente han sido denunciados como víctimas de desapariciones forzadas, detenciones extrajudiciales o asesinatos. Como consecuencia, miles de madres, esposas, hermanas e hijas han quedado al frente de una búsqueda permanente de verdad y justicia.
En esta ocasión, fueron ellas quienes encabezaron la movilización en Quetta. Su presencia no respondió únicamente a un gesto simbólico. En una sociedad donde tradicionalmente las mujeres permanecían alejadas de la esfera pública, asumieron el liderazgo político de la protesta, convirtiendo la resistencia pacífica en un movimiento social de gran alcance.
La figura más representativa de este proceso es la médica y defensora de derechos humanos Mahrang Baloch, quien emergió como una de las principales voces del movimiento baluchi al denunciar las desapariciones forzadas y exigir justicia para las familias afectadas. Su reciente condena a cadena perpetua, tras ser arrestada por las autoridades pakistaníes, ha sido interpretada por organizaciones de derechos humanos como un intento de silenciar una de las voces más influyentes de la resistencia civil en Baluchistán y ha provocado una mayor preocupación por el deterioro de las libertades fundamentales en la provincia.
La participación femenina también desafía los estereotipos sobre el papel de las mujeres en contextos de conflicto. Frente a un escenario donde muchos hombres temen exponerse públicamente por el riesgo de convertirse en las próximas víctimas de desaparición o persecución, las mujeres baluchis decidieron ocupar ese espacio, organizando sentadas, marchas y actos públicos que hoy representan uno de los rostros más visibles de la resistencia baluchi.
Un conflicto marcado por décadas de violencia e impunidad
La provincia de Baluchistán constituye la región más extensa y menos poblada de Pakistán, además de concentrar importantes reservas de gas, minerales y una ubicación estratégica sobre el mar Arábigo. Sin embargo, pese a su riqueza natural, continúa siendo una de las zonas con mayores índices de pobreza, exclusión política y violencia.
Desde hace décadas operan en el territorio diversos grupos separatistas baluchis que reclaman una mayor autonomía o la independencia de la provincia, mientras organizaciones armadas, entre ellas el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), también mantienen presencia en distintos distritos. A ello se suma una intensa militarización por parte del Estado pakistaní, que justifica sus operaciones como parte de la lucha contra el terrorismo y la insurgencia.
El ataque ocurrido el 6 de julio en la presa de Mangi, en el distrito de Ziarat, evidenció nuevamente la complejidad del conflicto. Militantes del TTP atacaron un puesto policial, asesinaron a nueve agentes y secuestraron a otros 18, cuyos cuerpos fueron encontrados posteriormente. La ofensiva formó parte de una serie de ataques coordinados registrados en distintos puntos de Baluchistán durante ese mismo periodo.
Tras los hechos, familiares de los policías asesinados iniciaron una sentada junto a los cuerpos de las víctimas para denunciar presuntas negligencias de las autoridades, especialmente por la demora en enviar refuerzos durante el ataque.
La paz exige justicia para todas las víctimas
Después de ocho días de protesta, representantes del gobierno provincial alcanzaron un acuerdo con los manifestantes que contempla la creación de una comisión judicial para investigar el ataque de Ziarat, el fortalecimiento de las patrullas de seguridad y la convocatoria de una conferencia política para debatir reformas relacionadas con la seguridad en la provincia.
No obstante, para numerosas organizaciones de derechos humanos, responder únicamente a un episodio específico resulta insuficiente frente a un problema estructural que se arrastra desde hace décadas. Las desapariciones forzadas denunciadas por familias baluchis, las detenciones arbitrarias, las restricciones a periodistas y activistas, así como la violencia ejercida tanto por grupos armados como por operaciones estatales, continúan alimentando un profundo sentimiento de desconfianza hacia las instituciones.
La situación también está atravesada por factores geopolíticos. Baluchistán alberga el puerto de Gwadar, una pieza central de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China, además de ser escenario de disputas regionales donde Islamabad acusa con frecuencia a India de respaldar a grupos separatistas y sostiene que algunos combatientes encuentran refugio en Afganistán, acusaciones que ambos países rechazan.
Mientras tanto, quienes permanecen atrapados entre estas tensiones son los civiles. Familias enteras viven en medio de enfrentamientos, operaciones militares y ataques insurgentes que continúan cobrando vidas y profundizando el desplazamiento, el miedo y la incertidumbre.
La resistencia de las mujeres baluchis desafía el silencio
La imagen de miles de mujeres baluchis protestando con fotografías de sus familiares resume una realidad que trasciende las cifras oficiales. Su liderazgo demuestra que la búsqueda de justicia ya no pertenece únicamente a quienes perdieron a un ser querido, sino a una sociedad que se niega a normalizar la violencia.
En los últimos meses, incluso el tradicional código cultural que ofrecía cierta protección a las manifestantes ha comenzado a quebrarse. Diversos reportes denuncian arrestos, bloqueos de carreteras e intervenciones contra protestas encabezadas por mujeres, hechos que, lejos de detener el movimiento, han fortalecido las redes de solidaridad entre ellas.
La paz en Baluchistán difícilmente podrá construirse únicamente mediante operaciones militares o nuevas estrategias de seguridad. Sin verdad, rendición de cuentas y garantías para los derechos humanos, el ciclo de violencia corre el riesgo de repetirse una y otra vez.
Las mujeres baluchis han demostrado que la resistencia también puede ejercerse desde la no violencia.
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