Takhar fue escenario de un enfrentamiento entre mujeres afganas, habitantes locales y talibanes en la aldea de Lala Guzar, ubicada en el distrito fronterizo de Khwaja Bahauddin, al noreste de Afganistán. Los hechos, registrados en video y difundidos por fuentes locales durante las últimas horas, ocurrieron en el marco de una disputa por tierras que los residentes aseguran fueron asignadas por las autoridades talibanas a personas presuntamente vinculadas al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Durante el incidente, las imágenes muestran a combatientes golpeando, amenazando e impidiendo que varias mujeres regresaran a sus hogares mientras intentaban defender las tierras que consideran parte de su comunidad.
Los videos también reflejan la resistencia de decenas de habitantes que salieron a protestar contra lo que califican como una ocupación respaldada por el régimen talibán. Las mujeres afganas ocuparon un lugar central en la movilización pese a las severas restricciones impuestas por las autoridades de facto, convirtiéndose en el rostro más visible de una comunidad que denuncia haber quedado sin mecanismos para proteger sus derechos sobre el territorio.
Takhar: un conflicto territorial que arrastra décadas de disputas
Aunque el enfrentamiento se produjo recientemente, la disputa por las tierras de Takhar tiene raíces mucho más profundas. Residentes de la zona sostienen que el origen del conflicto se remonta a la década de 1980, cuando distintos señores de la guerra comenzaron a apropiarse de terrenos durante los años de la invasión soviética y el prolongado conflicto armado que marcó a Afganistán durante las siguientes décadas.
Desde entonces, numerosas comunidades han reclamado la devolución de tierras cuya propiedad nunca fue resuelta mediante procesos judiciales transparentes. Sin embargo, la falta de instituciones independientes y los constantes cambios de poder han impedido solucionar estos litigios, dejando abiertas heridas que continúan alimentando nuevas tensiones.
Con el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, diversas organizaciones y habitantes han denunciado que algunas decisiones sobre la distribución de tierras favorecen a grupos aliados del régimen o a actores armados con influencia política. En Takhar, los manifestantes afirman que la asignación de terrenos a porteadores waziristaníes respaldados por las autoridades ha intensificado un conflicto que permanecía latente desde hace décadas.
Mujeres afganas desafían el miedo para defender sus hogares
Uno de los elementos más significativos del incidente es el protagonismo de las mujeres afganas. A pesar de vivir bajo un régimen que ha restringido severamente sus libertades, muchas decidieron salir a las calles para impedir el presunto despojo de sus tierras y exigir permanecer en sus comunidades.
Los videos muestran momentos de gran tensión en los que combatientes talibanes empujan y golpean a mujeres mientras intentan dispersar la protesta. En otras escenas se observa cómo varias denuncian que se les impide regresar a sus propias viviendas, una situación que incrementa la vulnerabilidad de familias enteras que dependen de esas tierras para subsistir.
La participación femenina adquiere un significado especial en el contexto afgano. Desde 2021, las mujeres han sido excluidas progresivamente de la educación secundaria y universitaria, de numerosos empleos, de espacios públicos y de la participación política y pública. En ese escenario, su presencia al frente de una protesta comunitaria constituye también una forma de resistencia frente a políticas que han reducido drásticamente su capacidad de ejercer derechos básicos.
Ausencia de justicia
Más allá del conflicto por la propiedad de la tierra, las denuncias sobre el uso de la fuerza contra civiles y la intimidación hacia mujeres reflejan la falta de mecanismos independientes que permitan investigar posibles abusos y garantizar protección a las comunidades.
Las disputas territoriales en el país no pueden entenderse únicamente como conflictos de propiedad. En un contexto donde millones de personas dependen de la agricultura y la ganadería para sobrevivir, perder una parcela significa perder ingresos, seguridad alimentaria y, en muchos casos, la posibilidad de permanecer en el lugar donde han vivido durante generaciones.
La situación también ilustra cómo la ausencia de un sistema judicial imparcial favorece que conflictos históricos se resuelvan mediante la fuerza y no a través del derecho. Cuando las instituciones dejan de ofrecer garantías, la población civil queda expuesta a decisiones impuestas por quienes ejercen el poder político y militar, sin vías efectivas para defender sus reclamos.
Para más noticias sobre Afganistán, da click aquí.
